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Tribunal Superior

Ibáñez, Julio­ Candela c/ DIPAS - Ordinario - Daños y perj. otras formas de respons. extracontractual - Recurso de apelación - Recurso de inconstitucionalidad

El actor reclamó indemnización por daños y perjuicios causados en su vivienda contra DIPAS. El Tribunal Superior, en pleno, rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó el pronunciamiento de la Cámara, imponiendo costas y sin regular honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-5757
Recurso de inconstitucionalidad Ejecucion de sentencia Art. 68 ley 9086 Art. 179 constitucion provincial Gastos publicos Inconstitucionalidad vs inaplicabilidad Danos en vivienda Cosa juzgada Costas Tribunal superior (pleno)

¿Quién es el actor?

Julio Candela Ibáñez.

¿A quién se demanda?

DIPAS (representada por el Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamación por daños y perjuicios por desperfectos en la prestación del servicio de agua y ejecución de sentencia por montos indemnizatorios (incluida desocupación de inmueble).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada y, en consecuencia, se confirmó el pronunciamiento de la Cámara apelada; se impusieron las costas en esta sede y no se regularon honorarios profesionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Texto del precepto cuestionado: “Sentencias Judiciales Firmes. En los casos de sentencias judiciales firmes en virtud de las cuales el Estado Provincial fuere obligado a pagar, el Juez de la causa no dispondrá el embargo de fondos del Tesoro sin requerir previamente el pago a la Fiscalía de Estado. Este órgano deberá responder al Juzgado dentro del término de treinta (30) días, informando la forma y plazo en que se procederá a abonar la obligación requerida de acuerdo a las previsiones presupuestarias y a lo que disponga la Ley de Presupuesto”.

2) Razonamiento de la mayoría que rechazó la inconstitucionalidad: “...anticipamos criterio en sentido adverso al pretendido por la quejosa, toda vez que -a nuestro juicio- la norma opugnada deviene manifiestamente inconstitucional... Ergo, pretender ahora la aplicación del art. 68 de la Ley 9086 importaría añadir un nuevo plus temporal injustificado, postergando nuevamente la fecha de pago lo que resulta irrazonable, y por ende inaceptable.” (voto preopinante sobre inconstitucionalidad por irrazonabilidad y violación de art.179 C. Pcial.).

3) Fundamentos de la mayoría que votó por confirmar por otras razones (mayoría concurrente): “Es lugar común que la invalidación de una normativa vigente por los Tribunales, es un acto procesal de suma gravedad institucional... De la disposición opugnada sólo resulta la necesidad de requerir a la Fiscalía de Estado que informe la modalidad del pago en un tiempo que se manifiesta –notoriamente- razonable (30 días)... Si requerido el pago a la Fiscalía de Estado, ésta no se expidiera en el término de treinta (30) días ... allí sí surgiría un agravio cierto y grave para el acreedor...” (voto que entiende la norma constitucionalmente válida en general, pero inaplicable en el caso por razones fácticas).

4) Exposición sobre inaplicabilidad al caso concreto (voto mayoritario que confirmó): “En definitiva, el art. 68 de la Ley 9086 deviene inaplicable al caso concreto... En el sub lite existe una condena firme... y han transcurrido más de diez años desde entonces, por dilaciones procesales inoficiosas incurridas en el curso del litigio por la propia conducta procesal de la demandada, quien ni siquiera ha alegado y menos aún probado la inexistencia de previsiones presupuestarias para atender a la condena de autos... son lo suficientemente demostrativas de la innecesariedad de someter la instancia de ejecución de un crédito firme a una nueva condición...”

¿Cómo votaron los jueces?

Algunos Vocales (Sesín, Tarditti, Cafure de Battistelli, Rubio, García Allocco) discreparon en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad: sostuvieron la validez “in genere” del art. 68 y fundaron la confirmación del pronunciamiento apelado en la inaplicabilidad de la norma al caso concreto. Se aclara que esa posición integró la mayoría decisoria del Pleno que confirmó la Cámara por mayoría pero por fundamentos distintos a los del voto inicial; no hubo revocación del pronunciamiento de la Cámara.

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