Maggiore, Héctor Ismael c/ Tapia, Blanca Susana - Desalojo - Comodato - Tenencia precaria
Demanda de desalojo promovida por Héctor Ismael Maggiore contra Blanca Susana Tapia por tenencia precaria/comodato. La Cámara Séptima declaró desierto el recurso de apelación, con costas a la apelante; reguló honorarios a favor de la Dra. Natalia Palmeri y aplicó una multa de 40 jus ($4.653,20) a la demandada.
¿Quién es el actor?
Héctor Ismael Maggiore (en su carácter de administrador de la sucesión de Olga Luisa Sánchez).
¿A quién se demanda?
Blanca Susana Tapia.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de desalojo por restitución de inmueble ubicado en calle Provincias Unidas y Patricios s/n (Barrio El Libertador), en el contexto de reclamadas situaciones de comodato/tenencia precaria y negativa a restituir.
¿Qué se resolvió?
Se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas a su cargo; se regularon honorarios a favor de la Dra. Natalia Palmeri en el 38% del punto medio de la escala del art. 36 CA (sin perjuicio del mínimo legal) y no se regularon honorarios a la Dra. Nora V. Díaz Carreño; y se impuso a la demandada una multa de 40 jus (valor actual $4.653,20) a favor de la parte actora (arts. 136, 83 CPC; arts. 36, 39, 40 CA). Resolución unánime.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"6.- Ingresando al análisis de la cuestión planteada, cabe señalar que el escrito de expresión de agravios resulta insuficiente para conmover la resolución sujeta a apelación; no configura una crítica concreta y razonada de las razones brindadas por el Magistrado. El embate recursivo debe contener argumentos superadores del proceso intelectual seguido en la sentencia dictada; con crítica puntual de sus fundamentos y demostración de su inexactitud, desde lo fáctico o jurídico, no siendo suficiente la mera disconformidad o desacuerdo con lo dispuesto; tiene la apelante la carga de cuestionar cada una de las razones en que se funda la resolución, lo que no obra cumplimentado en autos. De tal suerte, el recurso no puede ser atendido, ya que el tribunal de apelación no tiene la función de contralor o de revisión de todo lo actuado en la instancia de origen, sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos a través de los agravios del apelante; el ámbito objetivo de la instancia recursiva no es el mismo que el de primera instancia, sino el estricto que le proporciona la pretensión del recurrente limitando la función revisora. Por ello, todo lo que no fuera objeto de agravio concreto y haya sido motivo de decisión del a quo, en virtud de la vigencia del principio dispositivo, gana firmeza y constituye un ámbito que no alcanza la jurisdicción de la Cámara."
"13.- En el sub examine, se advierte una conducta dilatoria que justifica la imposición de sanciones procesales a la demandada. Se califica de maliciosa a la conducta cuando es planteada desprovista de todo fundamento, cuando carece de seriedad y aparece en el marco de la sin razón ya que nada ha tenido para contradecir la pretensión ni medios probatorios encaminados a demostrar algún derecho de su parte. Ello es lo ocurrido en autos desde que el único resultado que se ha obtenido con los planteos efectuados por la demandada ha sido la demora en el desahucio del inmueble. El afán dilatorio se advierte desde que con la apelación vuelve a insistir en su postura con argumentos introducidos en primera instancia, sin aportar nada contra los sólidos fundamentos brindados por el Sr. Juez al acoger la demanda. Más aun si se tiene en cuenta que al desalojo se aplica un procedimiento sumarísimo, trámite del juicio abreviado pero con las modificaciones que establece la ley estando vedada la reconvención (art. 751 CPC) y limitada la prueba (art. 757 CPC), como así también los recursos, todo lo que demuestra la particular intención del legislador de acotar las dilaciones en este particular proceso. Además, coadyuva a la imposición de la sanción el hecho de que la expresión de agravios no alcanza el mínimo técnico requerible y es sustancialmente infundada e improcedente."
"14. Por lo manifestado, corresponde hacer lugar a la solicitud de sanciones impetrada por la parte actora y, en consecuencia, imponer a la demandada una multa, a favor de la contraparte, de cuarenta (40) jus (art. 83 C.P.C., inc. 1) en su valor actual, atento la carencia de valor económico directo del pleito, a ser abonada dentro de los diez días de quedar firme esta resolución, importe que devengará, desde la fecha del presente pronunciamiento y hasta su efectivo pago, un interés a la tasa pasiva promedio que fija el BCRA con más un 2% mensual."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; la resolución fue adoptada unánimemente por la Cámara.
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