Buteler María Laura c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Procedimiento sumario - Acción de reinstalación - Apelación en no ordinarios
Se apeló la resolución que rechazó la acción de reinstalación promovida contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Cámara del Trabajo confirmó íntegramente la resolución de primera instancia rechazando el recurso de la demandada y ordenó regular honorarios, con expresa imposición de costas al perdidoso.
¿Quién es el actor?
Buteler María Laura.
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Procedimiento sumario - acción de reinstalación (reclamación por vulneración de derechos gremiales y restitución en el empleo).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se confirmó en todas sus partes la resolución nro. 345 de fs. 389/392, dictada el 12/8 del cte. año, con costas. Además se regularon honorarios a la letrada de la actora.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, la juzgadora expresó que '...el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias -Córdoba- SIPOS goza de personería gremial otorgada por Resolución número 420 de fecha 7/06/63 e inscripta en el registro respectivo bajo el número 578 con carácter de Entidad Gremial de Primer Grado, conforme la constancia emitida por la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que en copia certificada obra reservada en Secretaría. Por otra parte, es de mencionar que dentro del marco regulatorio de la Reforma del Estado Provincial (ley 7850) se faculto a los poderes del Estado a reubicar y trasladar a su personal, disponiéndose expresamente en el art. 37 última parte que ‘en ningún caso serán menoscabados los derechos de los trabajadores, respetando el encuadramiento sindical' ...'."
"Agregó que '...De la prueba aportada se destaca que la demandada reconoce la afiliación sindical de la actora al S.I.P.O.S., practicándose los descuentos correspondientes conforme dan cuenta las respectivas liquidaciones de haberes obrantes a fs. 261 y sig. Surge de la informativa rendida por el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, que la accionante se encuentra afiliada desde el año 1987, habiendo participado como miembro de la Comisión Directiva en el período 2-12-96 hasta 2-12-98 (fs. 354 y ss.). (...) Conforme lo expuesto, luego de la reforma del Estado, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, mantiene la aptitud representativa sobre los dependientes del Estado que fueron destinados a prestar servicios en distintos sectores del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, tal el caso de la actora según la prueba reseñada (sic)'."
"En efecto, resulta innecesaria la demostración de la restricción de los derechos gremiales, ya que la Ley de Asociaciones Sindicales ha establecido un sistema de protección objetiva. Su finalidad es la tutela del interés colectivo protegiendo la libertad sindical. El fundamento de esta protección objetiva radica en la dificultad de determinar la motivación del empleador al asumir una conducta prohibida. 'Es innecesario, en el caso, demostrar la naturaleza antigremial de la conducta de la empleadora, ni si el ejercicio de los derechos gremiales se mantienen intactos o no, porque al adoptar una de las medidas vedadas por el art. 52 de la ley 23551 (sin recurrir a la acción de exclusión de tutela), se ha incurrido en una maniobra prohibida que se presume “iuris et de iure”. La empleadora ha llevado a cabo un acto nulo, en los términos de los arts. 18 y 1044 del CC y por lo tanto ineficaz.' (conf.: Scotti, Héctor, en 'Derecho colectivo del trabajo', ps. 381 y ss., La Ley)."
"La 'imposición de costas' va unida al concepto de éxito y derrota. Nuestra ley foral adopta el criterio del vencimiento objetivo, y es el fracaso de la petición lo que determina la imposición de costas, dejando de lado consideraciones subjetivas. Por lo que corresponde confirmar también este aspecto de la resolución, con costas al perdidoso (art. 28, LPT)."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta disidencia; la decisión se adoptó por el acuerdo firmado por MISCHIS - MAINE - PÉREZ.
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Leyes que cita
- Ley 23.551Asociaciones sindicales
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