Unilever de Argentina SA y otros c/ Municipalidad de Córdoba – Acción declarativa de certeza
Acción declarativa de certeza contra la Municipalidad de Córdoba por la exigencia de la contribución denominada CIACIS. La Cámara hizo lugar a las apelaciones, revocó la denegatoria de la medida cautelar y dejó sin efecto la remisión de la causa al fuero contencioso–administrativo, ordenando que el juez de primera instancia tramite la acción declarativa y dicte la cautelar previa contracautela.
¿Quién es el actor?
Unilever de Argentina S.A. y otras (las sociedades actoras).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción declarativa de certeza (art. 413 CPC) para que se ponga fin a la incertidumbre generada por la pretensión municipal de exigir la “Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios” (CIACIS); y medida cautelar (ap. VII) para suspender la aplicación del régimen de retenciones.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por las demandantes; por consiguiente, se dejó sin efecto el decreto del 21/6/11 que remitía la causa a los tribunales en lo Contencioso Administrativo y se ordenó al juez de primera instancia que provea lo pertinente respecto de la acción declarativa de certeza; además se revocó el decreto del 2/5/11 y, previo otorgamiento de la contracautela que fije el juez de 1ª instancia, se ordenó la medida cautelar solicitada en el ap. VII de la demanda.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Principiaremos por la cuestión de la competencia. El objeto de la pretensión actora consiste en que: se ponga fin a la situación de incertidumbre que la Municipalidad de Córdoba ha creado al pretender resultar acreedora del tributo nominado: “Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios”, previsto en el art. 231, CTM, sosteniendo el municipio –dice– que dicho tributo les resulta exigible a las sociedades por el mero hecho de realizar “actividad comercial” dentro de su ejido municipal. Se declare que, a la luz de la Constitución Nacional, la ley Nº 23548, de Coparticipación Federal, pacífica jurisprudencia de la CSJN y doctrina especializada, la pretensión fiscal de la Municipalidad resulta inconstitucional así como las normas sobre las que pretende sustentarla, impidiéndosele en el futuro exigirles a las sociedades, por cualquier medio o arbitrio, el pago de la susodicha contribución. Asimismo, solicita como medida cautelar la suspensión del citado régimen. Así planteada la cuestión, la incompetencia declarada por el juez civil debe mantenerse. La circunstancia de que el CTM haya merecido la reglamentación de las vías de cobro de la contribución que incide sobre la actividad comercial, no implica la inexistencia de acto administrativo, sino que –por el contrario– el afectado debe producir la actuación de la entidad municipal que le permita cuestionar dicha conducta. La Ordenanza administrativa municipal establece las vías para cuestionar hechos o actos de la función estatal y obtener la declaración pertinente que implique el acto administrativo cuestionable y que permita el agotamiento de la vía para habilitar la acción judicial."
"[...] En definitiva, consideramos que el decreto recurrido anticipó una decisión sobre la “idoneidad” de la vía elegida por las sociedades sin haber siquiera descripto o enunciado cuál es el supuesto acto administrativo impugnable en los términos del art. 1, ley 7182. En todo caso (según aquella línea de razonamiento del magistrado de primera instancia y del representante del Ministerio Público), debió declararse la improponibilidad de la acción civil de certeza y no disponer la remisión de la causa al otro fuero, desde que este tipo de acción (declarativa de certeza) no se encuentra regulada ni puede introducirse supletoriamente en el “fuero especial”..."
"[...] En esa dirección hemos de otorgar razón a las impugnantes, desde que la presunción de legalidad del acto de la Administración a que refiere la resolución denegatoria, ha perdido virtualidad en este supuesto a la luz de la jurisprudencia consolidada que existe sobre el particular. En efecto, el tributo objeto de retención ha sido descalificado constitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sendas ocasiones; y si bien los fallos del Máximo Tribunal no son obligatorios, no es menos que los tribunales inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos, salvo que aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Cuerpo (Cfr. Fallo 307:1094). Desde esta perspectiva, no se aprecia motivación alguna del magistrado de primera instancia que justifique la desconsideración de la doctrina fijada por la Corte nacional respecto a la cuestión sustancial objeto de la acción declarativa. En rigor, la presunción de validez que tienen los actos administrativos no debe llevarse al extremo cuando el cuestionamiento tiene base absolutamente verosímil (fumus boni iuris); lo contrario podría llegar a afectar (en estos supuestos) el derecho constitucional de propiedad (art. 17, CN). De igual modo es inaceptable el argumento sobre un eventual adelantamiento de la sentencia de fondo con el dictado de la medida cautelar, porque ellas responden al examen sobre la verosimilitud del derecho esgrimido. [...]"
¿Cómo votaron los jueces?
No se registra voto en disidencia; la resolución se adoptó por mayoría.
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Leyes que cita
- Ley 23.548Coparticipacion federal
- Ley 7.182 de CórdobaCodigo de procedimiento contencioso-administrativo
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