JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Ontivero, Irma Adriana c/ Escobar, Oscar – Hoy sus sucesores – PVE – Otros títulos

Ejecución fundada en convenio de reconocimiento de deuda frente a sucesores del deudor por presunta firma apócrifa. La Cámara Séptima de Apelaciones Civil y Comercial hizo lugar a la apelación, declaró la nulidad de la sentencia de remate de fecha 30/07/2012 y de sus actos consecuenciales, ordenando la suspensión del dictado de la misma en función del art. 1101 del Código Civil por existencia de prejudicialidad penal.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-14163
Ejecucion Prejudicialidad penal Art. 1101 cod. civil Nulidad de sentencia Sentencia de remate Autenticidad de firma Suspension del dictado Sucesores Camara de apelaciones Art. 77 cpc

¿Quién es el actor?

Ontivero, Irma Adriana (actora).

¿A quién se demanda?

Escobar, Oscar —y sus sucesores (hoy sucesores del fallecido).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución basada en un “Convenio de reconocimiento de deuda” y pronunciamiento de remate/sentencia ejecutiva por incumplimiento; cuestión sobre autenticidad de la firma atribuida al presunto deudor.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la nulidad de la Sentencia N° 330 de fecha 30/07/2012 y de todos los actos procesales que sean su consecuencia (art. 77 CPC), ordenándose la suspensión del dictado de la misma en función de lo dispuesto por el art. 1101 del Código Civil.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Respecto a la configuración o no de prejudicialidad penal, diremos -con la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia- que -como principio- el instituto de la prejudicialidad penal (art. 1.101, Cód. Civ.), no opera en los casos que la Sentencia civil no produce cosa juzgada material, sino sólo formal, vgr.: acciones posesorias, despojo, ejecutivos, etc., y por dicha circunstancia, no existe colisión posible con la Sentencia penal."

"No concurriendo dichas circunstancias excepcionales en el 'sub examine', ni advirtiéndose lesión alguna actual a los eventuales derechos que pudiese tener el denunciante en sede penal Sr. Videla Pablo Adrián, quien no tiene participación en este proceso, debe acogerse la apelación impetrada, pudiendo el nombrado ocurrir por la vía que corresponda, a sus efectos. Por ello, propongo SE RESUELVA: Acoger el recurso de apelación interpuesto y revocar el decreto impugnando."

(Voto mayoritario que integra la resolución final:)

"Declarar la nulidad de la Sentencia Número Trescientos treinta dictada en autos con fecha treinta de julio de dos mil trece, y de todos los actos procesales que sean su consecuencia (art.77 CPC), ordenando la suspensión del dictado de la misma en función de lo dispuesto por el art. 1101 del Cód.Civil."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. María Rosa Molina de Caminal manifestó su disidencia respecto del voto que proponía revocar, sosteniendo que en el caso la existencia de denuncia penal íntimamente vinculada con la autenticidad del instrumento base y el peligro de consumación del ilícito justificaban la suspensión y que, a su entender, las particularidades del caso ameritaban aplicar la prejudicialidad penal. Queda consignado que esa posición fue disidencia y la decisión final fue la indicada por mayoría.

Leyes que cita

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