Municipalidad de Córdoba c/ Instituto Nac. de Jub. y Pens. –ordinario
La Municipalidad de Córdoba demandó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por cobro de contribución por mejoras. La Cámara acogió la apelación, revocó la sentencia y declaró la incompetencia del fuero provincial, haciendo la causa de competencia federal en razón de la persona.
¿Quién es el actor?
Municipalidad de Córdoba.
¿A quién se demanda?
Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (PAMI / obra social).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
cobro de contribución por mejoras (obra: iluminación Gral. Paz – V. Sarsfield).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la apelación del demandado, se revocó la sentencia de primera instancia y se admitió la excepción de incompetencia, declarando que la causa corresponde tramitarse en la justicia federal por razón de la persona; costas a la vencida; regulación provisoria de honorarios conforme se detalla.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) “El representante del Ministerio Público ha recordado la línea jurisprudencial de la C.S.J.N. según la cual en el caso, la competencia federal, en razón de la persona, se impone. Así, con base en los autos ‘Zatt. Elena c. PAMI’ del 23.10.90 (Fallos 313:1041), ‘Kacmar, María Angélica y otros c. Hospital Privado Ntra Sra. De la Merced y otros s/ daños y perjuicios’ del 3.7.07 (Fallos 330:2952) y ‘Fayad, Rodolfo Orlando c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y otros s/ daños y perjuicios’ del 30.10.07, y atendiendo a lo normado en el art. 14 ley 19.032, concluye desconociendo la aptitud jurisdiccional provincial para entender en el asunto.”
2) “La mentada norma dispone que ‘el instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor…’. Cabe acotar que igual solución se desprende de la aplicación de la ley 23661, dado que ‘si ha sido demandada una obra social –que, en principio, se encontraría comprendida en los términos de los arts. 1° de la ley 23.660 y 2°, segundo párrafo, de la ley 23.661-, resulta aplicable al caso el art. 38 de la ley citada en último término, en cuanto prevé el sometimiento exclusivo de sus agentes a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la justicia ordinaria sólo cuando fueran actores…. Atento lo expuesto, dado que el mencionado precepto legal establece que en todos los casos las obras sociales deben ser demandadas en el fuero federal, sin que sea óbice para ello la materia del pleito, por las razones dadas por el Tribunal en los casos citados, cabe concluir que la presente causa debe tramitar en la justicia federal.’ (C.S.J.N. in re ‘GCBA c. Obra Social del Ministerio de Educación s/ejecución fiscal’ del 6.7.04, Fallos 327:2865).”
3) Sobre honorarios: “teniendo en cuenta la clasificación efectuada por nuestro código arancelario, según los incidentes tengan o no un contenido económico propio, es evidente que éste caso debe encuadrar como un típico caso de controversia que carece de contenido económico. Y la regulación de honorarios en forma definitiva requiere la conformación de la base a tal fin.” (cita jurisprudencial). Se fijaron provisoriamente los honorarios en $784,12 por primer grado y $1.568,24 por la sede de apelación.
¿Cómo votaron los jueces?
Los tres vocales (Fernández; González de la Vega; Bustos Argañarás) adhirieron al mismo sentido y votaron en idéntico sentido, sin disidencia registrada.
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Leyes que cita
- Ley 19.032Instituto nacional de servicios sociales jub.pens.
- Ley 23.661Obras sociales
- Ley 23.660Obras sociales
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