G., A.P. – Recurso Apelación Exped. Interior (Civil) - Recurso de Apelación
Recurso de apelación contra la designación de curadora definitiva y la regulación de costas y honorarios en proceso de declaración de incapacidad. La Cámara rechazó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia y el Auto de Aclaratoria N°359/12, sosteniendo la idoneidad de la curadora designada y la razonabilidad de la imposición de costas y la regulación de honorarios.
Actor (quien apela): G. G. (sobrina del presunto incapaz y solicitante de la declaración de insania).
Demandado / interesados: R. G. (otra sobrina, designada curadora definitiva); también interesa el presunto incapaz A. P. G.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la designación de curadora definitiva y agravio respecto de la imposición de costas y la regulación de honorarios en el proceso de declaración de incapacidad.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Sra. G. G. y confirmó la sentencia de primera instancia y el Auto de Aclaratoria N° 359 de fecha 27/08/12. Las costas en la alzada se imponen a la apelante vencida; se mantiene la regulación de honorarios (35 jus) respecto de lo actuado en primera instancia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En este orden de ideas, las personas mencionadas en los arts. 476 a 478 del ordenamiento de fondo pueden ser designadas siempre y cuando se configure un presupuesto ineludible: la idoneidad para el ejercicio del cargo. En estos procesos debe extremarse la prudencia judicial por el carácter esencial de los derechos que pueden verse afectados y en atención a la gravedad de la situación que podría generarse. Por ello el principio rector que el juez debe seguir es que la elección de la persona recaiga en quien se encuentre en mejores condiciones de llevar a cabo los actos necesarios para tender a la curación del enfermo (conf. CNCiv Sala G- marzo 28- 1990 nro 42.560). De esta manera, la apreciación de la idoneidad del curador es función privativa del juez. Para ello, debe tomar en consideración que la obligación principal del curador recaerá no sólo sobre las obligaciones comunes a las instituciones cuasifamiliares, sino que también deberá ocuparse,conforme con las circunstancias del caso del mantenimiento y recuperación de su salud, lo que naturalmente implica un alto desgaste psíquico y emocional. Es por ello que quien desempeñe el cargo de curador debe encontrarse en condiciones psicofísicas y emocionales de afrontar la tarea que se le encomienda. En este sentido, se ha dicho que “Cuando la causa de la designación del curador está en la incapacitación o inhabilitación del causante, el curador debe, además y por imperativo legal, proveer a la recuperación del sujeto involucrado -conf. art.481, CC-, motivo por el cual la función que le ha sido asignada no se limita a la mera asistencia material sino también a aquella de carácter moral y prioritariamente destinada a procurar la recuperación del curado en su totalidad o, cuanto menos, a propender un mejoramiento de sus posibilidades.” (La Ley Online, AR/JUR/40015/2012)."
"En la presente causa, sustanciada en beneficio de A. G., han intervenido R. y G. G., ambas procurando la declaración de incapacidad del causante y reclamando para sí el cargo de curadora de aquél. Tal situación obliga a delimitar la implicancia del orden causado en la imposición de costas establecida por el a quo en el Auto 359 de fecha 27/8/12. En esta clase de procesos, que resultan inevitables a fin de asegurar los derechos del incapaz, debe realizarse una correcta interpretación del art. 840, CPC. Conforme este artículo, si cuando el pedido de declaración de incapacidad fuere malicioso o fruto de un error inexcusable las costas deben ser impuestas al denunciante, debe colegirse que cuando procede la petición, las costas deben imponerse al declarado incapaz (art. 840 CPC, a contrario sensu). Ello resulta reafirmado por la conformidad de todas las partes, incluido el Ministerio Público, en la mentada declaración y la necesidad de evitar la injusticia que implicaría exigir a la Sra. R. G. afrontar las costas de las actuaciones desarrolladas en autos."
"En esta inteligencia, los jueces se encuentran autorizados a reducir los mínimos arancelarios en base al segundo párrafo del art. 1627, CC, según el cual para los casos en el que los jueces fijen los honorarios, por aplicación de normas locales, deben ponderar la labor cumplida por el prestador del servicio, estando facultados para apartarse de los referidos aranceles, si su aplicación estricta condujere a una evidente e injustificada desproporción entre dicha labor y la retribución resultante. Debe destacarse que tales circunstancias se dan en el caso que nos ocupa, en el que la propia apelante en diversas oportunidades ha destacado las carencias que vive el Sr. A.P. G. y la situación de sus ingresos y bienes. Por otra parte, debe destacarse que la actuación principal del letrado de la Sra. G. G. ha sido en defensa de los intereses de ésta y no en la protección del presunto insano. En consecuencia, la regulación del mínimo legal previsto por el art. 77, inc. 1° configuraría una evidente e injustificada desproporción entre la labor cumplida y la retribución, por lo que corresponde el rechazo del agravio."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registran votos en disidencia; los Dres. Simes y Palacio de Caeiro adhirieron al voto del preopinante.
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