JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Actuaciones remitidas por la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, con motivo de la oposición a decreto de fecha 30/03/2017

Recurso de apelación contra un auto que ordenó la restitución de un vehículo secuestrado a la titular registral. La Cámara hizo lugar al recurso y revocó el auto apelado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-64843
Recurso de apelacion Restitucion de vehiculo Titular registral Poseedor de buena fe Ley 8.550 Art. 213 cpp Deposito judicial Transferencia registral Decision por mayoria Camara de acusacion cordoba.

¿Quién es el actor?

Apelante: Sergio Orlando (o Sergio Rolando) Ludueña.

¿A quién se demanda?

Titular registral del rodado: Sra. Natalia Ayelén Morero (Morero/Moreno aparece en distintas partes del texto; la titular registral indicada en la causa es Morero).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Entrega/restitución del automóvil secuestrado en la causa penal; impugnación del decreto fiscal que había dispuesto la entrega en carácter de depositario judicial y del auto de la jueza de control que hizo lugar a la restitución a la titular registral.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y revocó el auto apelado en cuanto fue materia del recurso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Comparto lo manifestado por el vocal preopinante en los considerandos I al III. Ahora bien, discrepo con la solución brindada, puesto que a mi entender debe hacerse lugar el recurso intentado.

En efecto, tanto la Jueza de Control como la titular registral del rodado han realizado una interpretación errónea del precedente “Roqué” dictado por este Tribunal con distinta parcial integración (C. Acus. a. nº 122 del 07/04/2009). Allí se sostuvo que “el art. 213 del CPP establece que, cuando se trata de automotores o bienes de significativo valor, se entregarán en depósito a sus propietarios (segundo párrafo). Por su parte, la ley 8.550, parcialmente modificatoria de la norma anterior, establece que los automotores secuestrados en causas penales serán entregados en el término de treinta días, definitivamente o en depósito, a sus propietarios, poseedores o legítimos tenedores (art. 1)” A primera vista, podría parecer acertado resolver conforme lo previsto por las disposiciones referidas precedentemente esto es, la entrega definitiva o en depósito a su propietario (en el caso, la titular registral Natalia Ayelén Morero). Sin embargo, “la disposición de la ley modificatoria ordena también la devolución a sus poseedores o legítimos tenedores, separando con la conjunción disyuntiva “o” a los distintos destinatarios de la restitución” (“Roqué” cit.). Por ello, no es adecuado el criterio sostenido por la Jueza de Control, toda vez que, por lo general, los conflictos clásicos entre distintos materiales normativos (en este caso, art. 213 del CPP y ley 8550) suelen ser solucionados apelando a criterios intrasistémicos, a saber: lex posterior, lex superior y lex specialis. De este modo, la aplicación de la ley modificatoria del artículo 213 del CPP se impone (lex specialis), puesto que dicha normativa contempla un universo de casos más específicos (propietarios, poseedores o legítimos tenedores) frente a lo que establece el art. 213 en su redacción original. En consecuencia, y toda vez que no existe elemento alguno que permita dudar de la buena fe de Sergio Orlando Ludueña, y al ser este último quien poseía el rodado al momento del hecho, es que corresponde revocar el auto apelado y confirmar el decreto dictado por el Fiscal de Instrucción con fecha 30/03/2017 (fs. 111/112, sumario 2770/16, art. 217 y art. 1 de la ley 8550), sin perjuicio de las acciones civiles que pudieren corresponder a la titular registral.

Comparto lo sostenido por el vocal del segundo voto, adhiriendo en consecuencia a él y pronunciándome en el mismo sentido. Sin perjuicio de lo cual, estimo que resulta pertinente tener en cuenta el marco del proceso en que se procedió a secuestrar el vehículo y esto no es un dato menor, pues lo fue por un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el vehículo en cuestión y el apelante Ludueña quien resultó imputado en la causa. A los fines del proceso que se lleva a cabo, ambos datos resultan útiles a fin de tener en cuenta la posible responsabilidad civil en el evento dañoso. Tal circunstancia puede llegar a involucrar a la actual “titular registral” Morero, pero sólo por este hecho no autoriza a desconocer el tráfico comercial realizado de modo privado entre los involucrados, pues nada hace presumir una distorsión de esa realidad. Ambos, los otrora comprador y vendedor, fueron ineficaces a la hora de perfeccionar la transacción y con ello la transferencia del dominio registral teniendo en todo ese tiempo –y aun ahora- la posibilidad de constreñir su cumplimiento. Tal ociosidad acarreó, frente al evento investigado, consecuencias no deseadas o al menos molestas, más allá de lo antes puntualizado. Pero tal circunstancia no es la materia de esta resolución ni siquiera del actual proceso, y deberán solucionarlo dando cumplimiento a lo que administrativamente no hicieron conforme a la ley o bien judicializar la situación en caso de conflicto. Es por ello que considero acertado lo dicho por la CSJN en el precedente citado por el Sr. Vocal del primer voto en el sentido de que “de manera que antes de la inscripción no se constituye ni transmite el derecho real…el instrumento público o privado sirve de título a la transmisión de la propiedad y es plenamente válido –aunque no esté inscripto- como contrato que hace nacer entre las partes derechos personales, pero es insuficiente para transferir el dominio…” y desde esa intelección es que no se puede en esta causa dar un sentido y alcance distinto a esa transacción."

¿Cómo votaron los jueces?

El vocal preopinante (Davíes) votó por confirmar el auto apelado y rechazó el agravio, por entender que correspondía la restitución a la titular registral; esa postura quedó en minoría y no integra la decisión del tribunal.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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