D., Osvaldo Daniel c/ G. U., Silvia Cristina y otro - Ordinario - Daños y Perj.- Otras formas de respons. extracontractual
El actor promovió demanda ordinaria por daños y perjuicios derivados de una detención preventiva y solicitó $300.000. La Cámara rechazó el recurso de apelación del actor, hizo lugar al recurso de la Provincia de Córdoba y revocó la condena parcial que había impuesto al Estado por $8.680, con costas de segunda instancia a cargo del actor, confirmando lo demás.
¿Quién es el actor?
Osvaldo D. D.
¿A quién se demanda?
Silvia Cristina G. U. (codemandada) y la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamo de indemnización por daños y perjuicios (daño moral $230.000; daño patrimonial $20.000; daño psicológico $50.000) por haber estado detenido con prisión preventiva durante aproximadamente siete meses en el marco de una causa penal que culminó en sobreseimiento.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso de apelación del actor y, en cambio, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Córdoba, revocando la sentencia de primera instancia en la parte que había hecho lugar parcialmente a la demanda contra la Provincia por la suma de $8.680 (con más intereses), y confirmó la sentencia en todo lo demás. Impuso las costas de segunda instancia al actor vencido.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Resulta contradictorio el planteo del apelante, pues, por un lado, le endilga al Estado Provincial responsabilidad objetiva en la reparación del daño (lo que supone la antijuridicidad del hecho) y, por el otro, reconoce que la privación de libertad de un individuo, efectuada en el marco de un procedimiento legítimo, tramitado regularmente y que no ha sido cuestionado, constituye un acto lícito del Estado... La prisión preventiva del actor se dictó en el marco de un proceso penal que no ha sido declarado ilegítimo, en el cual el imputado contó con las garantías del debido proceso y legítima defensa."
"El primer sentenciante, luego de reconocer que el obrar del Estado (detención cautelar del actor durante aproximadamente siete meses, con prisión preventiva dictada en el marco de un proceso penal regular y legal, en el cual resultó imputado y posteriormente sobreseído por el 'beneficio de la duda') 'ha sido legítimo y de tal secuencia no puede –lícitamente– derivarse un derecho civil a ser indemnizado', resuelve otorgar al actor una indemnización en concepto de 'compensación por haber estado detenido (costo de vivir en sociedad)'... El art. 42, C.Pcial, deja en claro que, para que se torne operativa la facultad allí concedida al Estado... resulta necesario el dictado de una ley. Mal puede, entonces, fundarse la indemnización otorgada al actor en una normativa constitucional que expresamente la está vedando, atento la inexistencia de una ley que haya tornado operativa la facultad estatal indemnizatoria establecida en el art. 42 del texto constitucional provincial."
"Por otro lado, entiendo que no corresponde conceder la indemnización acordada al actor, pues esto implica exceder los términos de la litis, tal como quedó trabada en autos... el juez a quo, en el punto '1°)' del Resuelvo, dispone, lisa y llanamente, no hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada, pasando luego de manera manifiesta a conceder una indemnización que no había sido expresamente demandada. De este modo, el principio dispositivo que rige el proceso civil y el de congruencia imponen el acogimiento de la apelación interpuesta por el Estado Provincial..."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Rafael Garzón y Ricardo Belmaña adhieren al voto del preopinante Dr. Jorge A. Barbará. No consta disidencia.
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