Cortez, Facundo Carlos c/ Provincia de Córdoba - Acción declarativa de certeza
Acción declarativa de certeza contra la Provincia cuestionó la validez del decreto 673/12 que amplía competencia del ERSeP. La Cámara hizo lugar a la apelación de la Provincia y revocó la sentencia de grado, rechazando la acción declarativa de certeza por improcedente y disponiendo costas por el orden causado.
¿Quién es el actor?
Facundo Carlos Cortés (miembro del Directorio del ERSeP).
¿A quién se demanda?
Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción declarativa de certeza para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Nº 673/12 y se aclare la legalidad/alcance de las atribuciones del ERSeP (competencia sobre servicios de agua potable y desagües cloacales), así como la situación de incertidumbre y eventual responsabilidad del actor como funcionario.
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Córdoba y revocó la sentencia N° 208 de fecha 29/6/18 en cuanto había hecho lugar a la acción declarativa de certeza y declarado la inconstitucionalidad del Decreto 673/12; rechazó la acción declarativa de certeza incoada por Facundo Carlos Cortés y dispuso imponer las costas de ambas instancias por el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Conteste con tal clasificación, los decretos de naturaleza reglamentaria dictados por el Poder Ejecutivo encastran en la categoría de acto materialmente legislativo y, por tanto, escapan a la categoría de acto administrativo propiamente dicho. El reglamento es un acto-norma destinado a regular conductas no sólo del administrado sino también de la Administración; he aquí la diferencia con 'acto administrativo', puesto que este último se refiere a una persona determinada o a lo sumo a un grupo de personas (concreto y determinado), en tanto que el reglamento es general e indeterminado... Así las cosas, el decreto provincial que provoca la interposición de la acción en los presentes no se corresponde con la categoría de acto administrativo, pues no produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata ni afecta, por sí, derechos subjetivos de naturaleza administrativa de algún administrado. Se trata, en cambio, de una normativa de naturaleza general (que regula la función del Ersep) y con efecto indeterminado que encuadra, por esta razón, bajo el concepto de reglamento y no bajo el de acto administrativo."
"Como surge de las manifestaciones del actor, no hay incertidumbre sino todo lo contrario: existe certeza acerca de la contradicción normativa entre la ley y el decreto y también existe certeza en el accionante de la inconstitucionalidad de este último. Y existe esa certeza porque, como lo hace notar el fiscal de Cámara, el demandante no tiene ninguna duda acerca del significado de los textos normativos contenidos en el decreto y en la ley y su demanda '…no se dirige a otorgarle certeza al decreto 673/2012, sino a cuestionar su validez…'. El demandante se muestra como sabedor indubitado de lo que significan las palabras de la ley y del decreto... Si el pretensor no tiene duda alguna sobre la situación jurídica sometida a conocimiento del tribunal, el remedio aquí intentado se torna inadmisible... El actor, en lugar de procurar superar una situación de incertidumbre, persigue la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de decreto."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo voto en disidencia; los tres vocales adhieren al voto preopinante y el acuerdo es unánime.
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