Gutiérrez, Mario Alejandro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Recurso Directo
Reclamó el actor contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba por la inadmisión de una demanda laboral derivada de enfermedad/accidente (riesgos del trabajo) y por la obligatoriedad del trámite previo ante Comisiones Médicas. La Cámara habilitó la vía judicial y declaró inconstitucional el artículo 46 de la ley 7987 por restringir el acceso a la justicia, haciendo lugar por mayoría al recurso de queja.
¿Quién es el actor?
GUTIERREZ, Mario Alejandro (parte actora representada por Roxana Stefania Martí y Miguel Dujovne).
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la inadmisibilidad decretada por el Juzgado de Conciliación (Auto N° 179/2018) por no haber cumplido el trámite administrativo previo ante la Comisión Médica; se solicita que se declare inconstitucional la obligación de agotar la instancia administrativa y que se habilite la vía judicial para reclamar prestaciones dinerarias por incapacidad derivada de enfermedad/accidente (Ley de Riesgos del Trabajo).
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar al recurso de queja, se declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 7987 y se habilitó la vía judicial sin necesidad de cumplimentar trámite administrativo previo alguno. Sin costas (art. 28 LPT).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"4.- No puede soslayarse que una interpretación sistemática y teleológica del marco legal en materia de riesgos del trabajo permite afirmar que toda norma de forma o adjetiva debe reglamentar los derechos constitucionales según la jerarquía que el propio sistema estableció a través de los principios normativos. En nuestro espectro interpretativo, desde el año 1994, el paradigma vigente es el de los Derechos Humanos Fundamentales, los que han cobrado una magnitud tal que en la reciente unificación en el Código Civil y Comercial de la Nación el legislador entendió necesario establecer preliminarmente que los tratados de derechos humanos son fuente de derecho y pautas de interpretación de nuestro sistema jurídico (arts. 1 y 2 del CCCN). Entonces, como premisa básica las normas adjetivas no pueden contradecir la finalidad del paradigma constitucional vigente, pues de lo contrario, el remedio será la inconstitucionalidad de su regulación. En razón de estas valoraciones y a la luz de los principios que insuflan nuestra disciplina consideramos que, a más de las motivaciones expuestas, el procedimiento administrativo obligatorio diseñado en el art. 1° de la ley 27.348 y receptado por el art. 46 de la Ley provincial 7987 constituye una violación flagrante al art. 18 de la Carta Magna que mediante la consagración del derecho de defensa en juicio y del juez natural prevé que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales..."
"5.- Cabe asimismo destacar que, a la fecha y como es de público notorio conocimiento, no se produjeron los cambios que pregonaba la mencionada norma nacional y, muy por el contrario, la actividad de las Comisiones Médicas jurisdiccionales dista radicalmente de constituir un elemento mejorador del sistema de reparación creado por la Ley N°24557. Más aún, en el ámbito de nuestra provincia, la realidad indica que existe una clara inobservancia de la ley ya que el condicionamiento sobre el cual se supeditó la vigencia de la adhesión referida a la adecuada cobertura geográfica de todo el territorio de la Provincia... la Provincia no garantizó las condiciones a las que se sujetó mediante la sanción de la mentada ley de adhesión y el convenio referido, ergo el trabajador siniestrado se ve dispensado de la carga que a él le incumbe y a la que el art. 46 de la LPT lo somete. Quien no cumple no puede exigir cumplimiento. Son estas circunstancias las que consideramos constituyen el verdadero vicio constitucional y que habilitan la tacha de la mentada norma, habilitando sin más la vía judicial."
¿Cómo votaron los jueces?
El vocal Dr. Arturo Bornancini disintió y propuso rechazar el recurso y confirmar la resolución apelada. En su voto sostuvo, entre otros fundamentos, que “la declaración de invalidez de una disposición legal vigente [debe ser] una 'ultima ratio'... el juez debe extremar el análisis... y que del mismo se concluya que de su aplicación deviene un perjuicio ostensible y concreto al peticionante”, considerando el reclamo de la parte como abstracto y sin demostración de agravio concreto.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 27.348Riesgos del trabajo
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
- Ley 7.987 de CórdobaCodigo procesal del trabajo
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