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Cámara de Apelaciones

C., S. F. c/ Provincia de Córdoba - Acción de Amparo Colectivo

El actor promovió una acción de amparo colectiva contra la Provincia de Córdoba cuestionando la Ley N° 9.891, su Decreto N° 654/2013 y la difusión del “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica”. La Cámara rechazó la acción por ausencia de agravio concreto o amenaza inminente a derechos constitucionales y impuso costas a la parte actora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-78482
Amparo Libertad religiosa Ley 9.891 Decreto 654/2013 Difusion institucional Agravio concreto Inconstitucionalidad Discriminacion Inadi Costas

¿Quién es el actor?

Señor S. F. C., por derecho propio y en carácter de presidente de la Comisión Directiva de “Cántaro Asociación Simple”.

¿A quién se demanda?

Provincia de Córdoba (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de amparo colectiva solicitando la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley N° 9.891 y del Decreto Reglamentario N° 654/2013 y la cesación de la difusión institucional del Programa Provincial (que alude a “sectas” o “grupos que usan técnicas de manipulación psicológica”), por violación de derechos constitucionales y tratados internacionales (libertad religiosa, igualdad, no discriminación, principios de legalidad penal, etc.).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la acción de amparo interpuesta por no haberse acreditado la existencia de una lesión concreta, actual o inminente a derechos o garantías constitucionales del actor o de la asociación, y se impusieron las costas a la parte actora; se difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que, ingresando a la causa, luego de un detenido análisis de las constancias de autos, se puede concluir que el amparista no la logrado acreditar la existencia de una lesión concreta, actual o inminente, a un derecho o garantía constitucional; o incluso una amenaza a ellos. Que, como bien lo expresa el Tribunal Superior en su Auto Nro. 46/2.018, aquí no se impugna un acto administrativo del Poder Ejecutivo, sino sólo un acto de difusión, a través de su página de web, del programa público creado por la Ley Nro. 9.891. Que, más allá de las manifestaciones y argumentaciones de la demanda, no se ha probado de qué manera concreta, la Ley Nro. 9.891, su decreto reglamentario o la difusión pública del programa de prevención y asistencia que ella crea, le provoca una lesión, o incluso, amenaza a sus derechos o, al de otra persona."

"Que, por todo lo expresado, corresponde desestimar la presente acción de amparo en todas sus partes."

Otras citas textuales relevantes:

"Que la mera existencia de un dictamen de INADI no implica un agravio; sino que el amparista debió acreditar qué aspecto de su realidad, del ejercicio de sus derechos o garantías, se altera, lesiona o amenaza por parte de la norma cuestionada o su difusión pública; siempre en abstracto, y sin ingresar al análisis de una situación fáctica concreta y determinada."

"No se ha logrado probar una sola amenaza o lesión concretos a su persona, o a la asociación 'El Cántaro', o a ningún otro ciudadano, en el ejercicio de su culto o creencia, que pueda constituir agravio suficiente para habilitar la competencia de este Tribunal para revisar la constitucionalidad o legalidad de la Ley Nro. 9.891, de su reglamentación o, del acto de difusión pública realizado por el Poder Ejecutivo."

¿Cómo votaron los jueces?

Ambos Vocales (Dra. Gabriela Cáceres y Dr. Leonardo Massimino) adhirieron al mismo sentido; no consta disidencia.

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