Salgado Hugo Alberto c/ Baez Miranda Diego Alejandro y otro – Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidente de Tránsito, expediente n 4747793
Reclamo por daños y perjuicios por accidente de tránsito promovido por Hugo Alberto Salgado contra Diego Alejandro Báez Miranda y Sierras de Calamuchita SRL (con intervención de Protección Mutual de Seguros S.A.). La Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar parcialmente a la apelación del actor y modificó la distribución de costas de primera instancia (75% para la demandada y 25% para el actor) e impuso las costas de alzada en 60% a cargo del actor y 40% a los demandados, con regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Hugo Alberto Salgado.
¿A quién se demanda?
Diego Alejandro Báez Miranda y Sierras de Calamuchita SRL; con llamada en garantía Protección Mutual de Seguros S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
acción de daños y perjuicios por accidente de tránsito; pleito relativo a reconocimiento de lucro cesante y demás rubros indemnizatorios.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor; se modificó la distribución de costas de la sentencia de primera instancia dejándolas en un 75% a cargo de la parte demandada y 25% para la parte actora, y se impusieron las costas de la Alzada en un 60% a cargo del actor y 40% a los demandados, con regulación de honorarios por la base económica debatida (lucro cesante y costas) conforme a los porcentajes fijados para los letrados intervinientes.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) Sobre el valor probatorio del certificado de ingresos: "Por otro lado, la Resolución 17/95 sobre Certificaciones de ingresos que cita en concordancia, como la Resolución 33/97 que modifica la anterior, no contribuyen a justificar las afirmaciones del recurrente; por el contrario, de conformidad a la normativa contable vigente, el certificado de ingresos expedido por Contador Público e intervenido por el CPCE, no hace presumir que se ajusta a los requisitos legales, ya que sólo se trató de una certificación. En rigor la intervención del CPCE de la firma del contador es obligatoria sólo para dar validez a la certificación pero en modo alguno respecto a su contenido." "La debilidad técnica del antecedente es manifiesta, y no puede servir de base para el cálculo económico de la indemnización. Por otra parte, el certificado es un instrumento privado que debe ser reconocido para ser incorporado al proceso, aun cuando cuente con firma certificada del Consejo Profesional donde se encuentra matriculado el Contador Público, porque dicha certificación de firma no otorga al documento (certificado) el valor de documento público."
2) Sobre la distribución de costas: "En cuanto a la distribución de las costas, si bien es acertada la distribución de las costas por vencimientos recíprocos tomada por el juez de primer grado, no luce ajustada la distribución realizada; estimo se ha incurrido en un excesivo rigor al juzgar la procedencia parcial de los daños. En ese lineamiento, considero que deben ser determinadas en forma proporcional al éxito obtenido por cada una de las partes, aclarando que la proporcionalidad no esta dada por el resultado pecuniario, porque ello importaría soslayar el capítulo principal del pronunciamiento que fue acogido en su totalidad a favor de los demandantes, y desconocer la pauta prudencial que debe seguir el juzgador a la hora de establecer el modo de la distribución de las costas en caso de vencimiento recíproco (art. 132 C.P.C.). Adviértase que los demandados han sido vencidos en lo sustancial del litigio, ya que la sentencia reconoce el derecho del accionante declarando la imputabilidad y responsabilidad de los accionados. De tal suerte, corresponde que las costas sean impuestas sin que quepa efectuar una interpretación exclusivamente matemática de la cuestión; así, si bien cierto es que no se reconoció la suma solicitada a la hora de determinar el cálculo del lucro cesante, no es menos que los rubros han tenido aceptación sustancial por lo cual estimo prudente y razonable, y así lo propongo al acuerdo, que se distribuyan para la primera instancias en un 75% para la parte demandada y un 25% para la parte actora..."
¿Cómo votaron los jueces?
Ambos vocales, Dr. Jorge Miguel Flores (preopinante) y Dr. Héctor Hugo Liendo, adhirieron y suscribieron las conclusiones que integran la parte resolutiva; no hubo disidencia.
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