Grenat, Stella Marys Dominga – Declaratoria de herederos
Apelan dos letrados la regulación de honorarios por su actuación como peritos inventariadores, partidores y por tareas sucesorias. La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó el Auto N° 477 de fecha 19/9/19 en lo que fue materia de agravios, sin costas.
¿Quién es el actor?
Dres. Juan Manuel Garay Guerra y María Gabriela Caminos Garay (recurren por derecho propio).
¿A quién se demanda?
Sentencias/Auto del Juzgado de 1° Instancia (Auto N° 477 de fecha 19/9/19 y Auto N° 596 de fecha 6/11/19).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la regulación de honorarios profesionales por tareas de peritos inventariadores, tasadores y partidores y por actuaciones en la declaratoria de herederos, apertura del sucesorio y partición; cuestionan la base regulatoria (valor en dólares vs. conversión a pesos) y reclaman regulación por tareas en incidente de impugnación de avalúo/inclusión de bienes.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de apelación por honorarios interpuesto por los Dres. Juan Manuel Garay Guerra y María Gabriela Caminos Garay, confirmando el Auto N° 477 de fecha 19/9/19 en lo que fuera materia de agravios. Sin costas (art. 112, CA).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"1.a. Conviene recordar que el ejercicio de toda vía impugnativa exige la concurrencia de un interés o agravio concreto del peticionante. Esto significa que para atacar o cuestionar un acto procesal supuestamente defectuoso o injusto, es preciso que el vicio que se invoca efectivamente irrogue un perjuicio a quien pretenda su subsanación, anulación o revocación. En materia recursiva, el art. 354, CPCC, refiere explícitamente a este recaudo cuando establece que sólo puede recurrir la parte que tuviere un interés directo. La existencia de gravamen, entonces, determina la legitimación para recurrir. Es así que al momento de exponer los fundamentos de la pretensión impugnativa, no basta al recurrente con invocar los vicios o desaciertos de la resolución criticada, sino que también debe evidenciar su interés en la revisión, esto es, explicar de qué manera el yerro denunciado lo perjudica. Esa actividad se materializa en el acto de expresión de agravios, que entraña una crítica precisa, concreta y razonada del fallo. La expresión de agravios asume una relevancia capital en la segunda instancia, pues delimita la competencia del tribunal de alzada y condiciona el contenido de su decisión, la cual sólo puede recaer en aquellos puntos que hayan sido materia de agravios (art. 356, 1º párr., CPCC). Asimismo, debe tenerse presente que todo agravio que se invoque debe ser personal de quien lo reclama y actual (no meramente eventual o hipotético). Vemos, entonces, que la falta de agravio o interés determina la ausencia de legitimación para entablar cualquier planteo recursivo, lo que conlleva – irremediablemente– su desestimación. Conforme quedó reseñado en la relación de causa, la regulación dispuesta en los Autos N° 477 y 596 comprendía las siguientes tareas: a) presentación del escrito de declaratoria de herederos, b) los trabajos desarrollados hasta el auto de declaratoria, c) la intervención en la apertura del sucesorio, d) el desempeño en la etapa de partición, y e) labores como peritos inventariadores, tasadores y partidores. Ahora bien, si se revisan los cálculos practicados para la estimación arancelaria de los cuatro primeros rubros, puede advertirse que el magistrado de primera instancia incurrió en un error material: si bien consideró que el valor del inmueble situado en la calle La Banda 4009 B° Parque Atlántica ascendía a $3.948.000, y anunció que computaría –a los efectos de las regulaciones– sólo el 50% de dicha suma (es decir $1.974.000) en función del porcentaje de titularidad que correspondiera a la causante, lo cierto es que efectuó las operaciones aritméticas pertinentes sin aplicar esta última reducción, lo que arrojó un resultado muy superior a lo correspondiente. En otras palabras, la cuantificación de aranceles se practicó sobre la suma de $3.948.000 y no sobre la de $1.974.000 que había establecido el fallo, de modo tal que cada una de estas regulaciones profesionales resultó ser el doble de lo esperado, conforme a los parámetros establecidos por el juez (en números: $3.948.000 x 60% x 21,5% x 1/4 = $127.323, mientras que $1.974.000 x 60% x 21,5% x 1/4 = $63,66). De tal modo, la estimación arancelaria dispuesta en el Auto N° 596 por los cuatro primeros conceptos es más cuantiosa que aquella pretendida por los recurrentes con base en la suma de $3.071.250 (equivalente al monto de U$S 105.000 a la época de la regulación), por lo cual no se advierte cuál es el perjuicio económico que justifica el interés en su revocación, y procede la confirmación de lo decidido."
"1.b. Distinto es lo que ocurre con la última de las regulaciones enumeradas (esto es, la atinente a las labores de los Dres. Juan Manuel Garay Guerra y María Gabriela Caminos Garay como peritos inventariadores, tasadores y partidores), toda vez que ésta sí se calculó con base en la suma de $1.974.000, tomando el 2% dicho monto (conforme lo dispuesto por el art. 60 incs. 1 y 2 CA). Por ello, a diferencia de lo señalado anteriormente, sí es posible advertir en este segmento el interés de los apelantes que justifica su legitimación recursiva. Considero que este tramo de la queja debe prosperar. ... Por ello, considero que los honorarios por esta tarea deben calcularse sobre la base de $3.071.250 (que es el verdadero valor del activo a dividir), lo que arroja un resultado de $61.425."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. María Rosa Molina de Caminal formuló disidencia respecto de la regulación atinente a las labores como peritos inventariadores, tasadores y partidores, señalando entre otros puntos: "…en lo que respecta al agravio del letrado incidentista en relación a la violación de la base regulatoria fijada en dólares o su actualización, he de señalar que al entablar la demanda el propio letrado hizo la conversión de la base regulatoria a pesos sin formular reparo alguno... Por lo que pretender ahora en la Alzada que se actualice dicha base al valor del dólar al momento de la actualización no resulta procedente, por extemporáneo." (esta opinión quedó en disidencia y no integra la decisión de la mayoría).
Montos y fechas relevantes: pericia valuó en US$ 105.000 (equivalente a $3.948.000 al 31/10/18); Auto N° 477 (19/9/19) y Auto N° 596 (6/11/19); regulación cuestionada para varios rubros por $127.323; peritos originalmente regulados en $39.480; propuesta de regulación por peritos a $61.425 por voto de Remigio (propone elevar en parte), pero la mayoría confirmó el Auto N° 477 y rechazó el recurso.
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