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Cámara de Apelaciones

Farias, Gabriel del Valle C/ Prevencion ART S A - ordinario - Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos) expte. no. 8680751

Reclamo por incapacidad laboral por enfermedades profesionales de columna contra Prevención ART S.A. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación de la demandada y revocó el auto que había admitido la demanda, declarando la misma inadmisible por caducidad del plazo para articular la pretensión y ordenando imponer costas por el orden causado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-71815
Riesgos del trabajo Caducidad Plazo de 45 dias Accion ordinaria laboral Prescripcion Competencia provincial Tutela judicial efectiva Adhesion ley 27.348 Prevencion art s.a. Inadmisibilidad por caducidad.

¿Quién es el actor?

FARIAS, GABRIEL DEL VALLE.

¿A quién se demanda?

PREVENCIÓN ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por incapacidad laboral derivada de enfermedades profesionales de columna cervical y lumbar; se cuestiona además la constitucionalidad del art. 3 de la ley provincial 10.456.

¿Qué se resolvió?

La Cámara del Trabajo hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, revocó el Auto Nro. 51 de fecha 20/07/2020 dictado por la Sra. Jueza de Conciliación de Octava Nominación, declarándose inadmisible la demanda por caducidad del plazo para articular las pretensiones; se impusieron las costas por el orden causado en ambas instancias y se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "Partiendo de la premisa expuesta en el punto anterior, que el art. 3 de la ley 10.456, al tener por objeto regular el encauce procedimental de la revisión del dictamen emitido por la Comisión Médica, no caben dudas a nuestro criterio, que su naturaleza es procesal y en consecuencia se encuentra legitimada la Provincia de Córdoba para reglamentar la materia, como ya se expuso. Ahora bien, dicho plazo no entra en colisión con el instituto de la prescripción, puesto que ambos se corresponden a distintos ámbitos de aplicación (el primero se refiere a la extinción de una acción emergente de un derecho subjetivo por encontrarse vencido el término legal; y el segundo es la imposibilidad de ejercer la pretensión procesal por haber vencido el término perentorio dispuesto por la norma, sin que el sujeto la ejercite). En estos términos, el trabajador cuenta con el plazo íntegro de prescripción previsto por el art. 44 de la ley 24.557 y sus modificatorias, estando librado a su voluntad elegir cuándo iniciar la vía prejudicial ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Luego, iniciada y agotada ésta, el damnificado cuenta con un plazo de 45 días hábiles judiciales para interponer el recurso de revisión ante la justicia ordinaria laboral."

2) "Así, la Provincia ha regulado un plazo de caducidad para demandar judicialmente una reparación con fundamento en la ley 24.557 que, como dice la Aquo, ni siquiera la ley nacional prevé, invadiendo así notoriamente una competencia delegada en el pacto constitucional. Digo que ni siquiera la ley 27.348 prevé esa caducidad, porque no ha fijado ningún plazo para acceder a la Justicia. El art. 3 establece que ‘La SRT dictará las normas del procedimiento de actuación ante las Comisiones Médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central’, sin otorgarle ninguna facultad (que sería, además, una delegación de funciones manifiestamente inconstitucional) para regular el plazo de acceso a la Jurisdicción.- No obstante ello, la Resolución SRT 298/17 fijó un plazo, extralimitando de manera evidente la competencia asignada legalmente, que resulta de todas maneras inaplicable en el caso.- Si la ley nacional no fija ningún plazo; y si el organismo federal que lo fijó carecía de competencia para ello y por su naturaleza federal –además- no obliga a las Provincias, no podemos sino concluir que la determinación del plazo de cuarenta y cinco días o cualquier otro fijado por una ley local implicó la asunción por la Provincia de facultades delegadas a la Nación, resultando por ello manifiestamente inconstitucional."

¿Cómo votaron los jueces?

El vocal Ricardo Agustín Giletta expresó disidencia (minoría) y votó por rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la resolución que había declarado la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 10.456, planteando que la caducidad impuesta por la normativa provincial es inconstitucional y que correspondía confirmar la resolución de la jueza de grado.

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