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Tribunal Superior

PGA s/ Cpo. de ejecución pena privativa de libertad -Recurso de Casación-

La defensa del penado Gabriel Alejandro Pizarro interpuso recurso de casación contra el auto 522/2020 que rechazó su pedido de libertad asistida. El Tribunal Superior hizo lugar al recurso, anuló el auto y remitió las actuaciones al Juzgado de Ejecución para que, previo examen de la cuestión de la diversidad funcional conforme lo señalado en el voto, dicte nueva resolución conforme a derecho.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-90431
Libertad asistida Casacion Ejecucion penal Diversidad funcional Discapacidad Pronostico de reinsercion Informe tecnico Anulacion de auto Articulo 54 ley 24.660 Corte idh

¿Quién es el actor?

Asesor letrado penal del 13º turno, Dr. Erik Nelson Griotto, en el carácter de abogado defensor de Gabriel Alejandro Pizarro.

¿A quién se demanda?

Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación (auto nº 522/30-6-2020).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de casación contra la denegatoria de libertad asistida solicitada por Gabriel Alejandro Pizarro (art. 54 Ley 24.660).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación, se anuló el auto nº 522/30-6-2020 y se remitieron los autos al Juzgado de Ejecución para que, previo a proceder conforme lo señalado en el apartado IV de la primera cuestión (solicitar informe sobre diversidad funcional), dicte nueva resolución conforme a derecho. Sin costas (arts. 550/551 CPP).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“En ese sentido, es dable remarcar que el interno en su escrito en forma in pauperis mencionó que padece una discapacidad del noventa por ciento que le imposibilita la realización de actividades centrales en el tratamiento penitenciario (ff. 468/469) ... Ello pone de relieve la necesidad de remarcar que las sentencias judiciales que no tienen en cuenta el enfoque de la discapacidad constituyen una barrera actitudinal a las necesidades específicas de las personas con diversidad funcional...” (apartado IV.1, voto de la Dra. Tarditti).

“La perspectiva de la discapacidad es considerada un derecho humano y brinda mecanismos para garantizar y proteger de manera adecuada los derechos de las personas con diversidad funcional, en igualdad de condiciones y teniendo en cuenta sus necesidades concretas.” (mismo voto).

Cita de la Corte IDH: “no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad... Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras” (Corte IDH, “Furlan y familiares vs. Argentina”, considerando 134), incorporada por la Sala para justificar la necesidad de informes complementarios.

Conclusión procesal del voto mayoritario (transcripción): “I) Hacer lugar al recurso de casación ... y en consecuencia anular el auto número quinientos veintidós, de fecha treinta de junio de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación de esta ciudad. II) Remitir los presentes autos a dicho tribunal a fin de que, previo a proceder conforme lo señalado en el apartado IV de la primera cuestión, dicte nueva resolución conforme a derecho. III) Sin costas (arts. 550/551 CPP).”

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Aída Tarditti fundamentó extensamente la decisión, señalando la falta de consideración del enfoque de la discapacidad y la necesidad de informes técnicos complementarios; los Dres. Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati adhirieron íntegramente a su voto. No consta disidencia.

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