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Tribunal Superior

Figueroa, Carlos Alberto c/ Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba (Ley 5805) - Plena Jurisdicción - Recurso de Casación

El abogado presentó demanda de plena jurisdicción contra el Tribunal de Disciplina de Abogados por sanción disciplinaria por abandono de la defensa. El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al recurso de casación, anuló la sentencia y los actos administrativos sancionatorios por vulnerar garantías del debido proceso y falta de prueba independiente que acreditara el carácter inexcusable del abandono.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-69155
Casacion Nulidad Disciplina profesional Debido proceso Prueba insuficiente Abandono de defensa Ley 5805 Tribunal de disciplina Costas Honorarios

¿Quién es el actor?

Carlos Alberto Figueroa (abogado).

¿A quién se demanda?

Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba (Sala Quinta).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la sanción disciplinaria (Sentencia Nº 105/06-09-2013 y Auto Nº 48/23-06-2014) por supuesta violación del inciso 10 del art. 21 de la Ley 5805 (abandonar o descuidar inexcusablemente la defensa) y se solicita la nulidad de dichos actos por vicios procesales y prueba insuficiente.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación, se anuló la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa Nº 47/09-04-2019, se hizo lugar a la demanda de plena jurisdicción y se declaró la nulidad de la Sentencia Nº 105/06-09-2013 y del Auto Nº 48/23-06-2014 dictados por la Sala Quinta del Tribunal de Disciplina de Abogados; se impusieron las costas por el orden pasado y se dispuso la regulación de honorarios conforme lo indicado en la parte resolutiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El debido proceso adjetivo y el derecho de defensa, garantías constitucionales salvaguardadas en los artículos 19 inciso 9 y 23 inciso 13 de la Constitución Provincial, 18 y 75 inciso 22 de la Ley Fundamental de la Nación y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, exigen inexcusablemente el conocimiento de la acusación, que deberá formularse dando detalles de los hechos considerados punibles y de la participación del agente en ellos. Estas garantías imponen como requisito insoslayable que en todo trámite destinado a comprobar la existencia de una falta administrativa, la Administración -en el caso, el Ente Deontológico- respete el derecho del agente a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada en un tiempo razonable." (párr. 11)

"Sin embargo, surge de las actuaciones administrativas ... que el único sustento de la decisión sancionatoria es la comunicación que le dio origen, esto es, la Sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Única del Trabajo, que si bien pudo haber representado un elemento indubitable y certero en el momento en que fue dictada, resulta inhábil para ofrecer por sí misma y sin el concurso de elementos probatorios independientes, una acreditación del contexto fáctico que demanda la norma." (párr. 13)

"Dicha documentación, acompañada por los sancionados de manera previa al dictado del acto que rechaza el recurso de reconsideración, ofrece un contexto fáctico consecuente con las alegaciones de sus descargos y proporciona una excusa razonable para la falta de participación en las etapas procesales aludidas, lo cual evidencia que los antecedentes de hecho y de derecho que dieron razón a su emisión no se corresponden con la verdad material, lo cual importa un vicio en su causa con entidad anulatoria." (párr. 14)

¿Cómo votaron los jueces?

No existen votos en disidencia; los tres Vocales votaron en igual sentido y el pronunciamiento del Tribunal fue unánime.

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