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Tribunal Superior

La Corte, María Inés Rosa y Otras c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo

Demandantes promovieron acción contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social reclamando inaplicabilidad del nuevo régimen de movilidad y ajuste integral de haberes. El Superior Tribunal declaró formalmente admisible la acción respecto de las pretensiones cuyos trámites administrativos estaban agotados y ordenó correr traslado de la demanda al Presidente del organismo por 30 días.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
4080/19
Contencioso administrativo Movilidad jubilatoria Ley 561 Ley 1210 Ley 1285 Agotamiento de la via administrativa Inadmisibilidad Traslado Caja de prevision social Pretension de inconstitucionalidad

¿Quién es el actor?

Sras. María Inés Rosa La Corte, Alicia Rosa Walter, Mónica Jorgelina Calderón (por derecho propio) y Stella Maris Rita Medina (por gestor procesal, ratificada).

¿A quién se demanda?

Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

a) Declarar inaplicable a sus haberes el régimen de movilidad establecido por art. 6 de la Ley 1210 (modif. art. 46 Ley 561) por no ser aplicable al momento de consolidar el derecho previsional; b) que sus prestaciones se ajusten automática y plenamente conforme art. 46 Ley 561 (texto anterior) incluyendo todos los adicionales sobre los que se aportó; c) declarar inaplicable el régimen de movilidad de la Ley 1285 y el "Coeficiente de Variaciones Salariales" del Decreto 1508/18; d) pago de diferencias por déficit de ajuste con intereses; e) en subsidio, plantean inconstitucionalidad de arts. 43 y 46 Ley 561 (conf. arts. 5 y 6 Ley 1210 y art. 1 Ley 1285) y del Decreto 1508/18.

¿Qué se resolvió?

Se declaró formalmente admisible la acción respecto de las pretensiones cuya vía administrativa había sido agotada (puntos a, b, d y e), se ordenó correr traslado de la demanda al Sr. Presidente de la Caja por 30 días para que conteste, y se librará oficio al Fiscal de Estado. La pretensión referida a la inaplicabilidad de la Ley 1285 (punto c) fue considerada inadmisible por no haber sido planteada previamente ante el ente demandado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, sin perjuicio que la parte interesada no brindó la aclaración requerida a fs. 13 en orden a la mención de la Sra. María Julia Medina que no es parte en el proceso, los antecedentes instrumentales remitidos por el organismo previsional permiten concluir certeramente que la demanda ha sido impetrada en nombre de la primera, quien ha suscripto el escrito de ratificación y es la beneficiaria reclamante en sede administrativa."

"Al promoverse la demanda el 16 de octubre de 2019 -ver carátula y cargo de fs. 10- no se encontraba cumplido el plazo del art. 102 de la Ley Nº 141, menos aún el del art. 103 del mismo plexo -ya que no se solicitó pronto despacho-, no obstante a la fecha de este pronunciamiento, la Administración ya se ha expedido y sus actos han sido adversos a las reclamantes, con lo cual corresponde tener por configurado el recaudo de agotamiento de la vía administrativa previa."

"Por otra parte, la pretensión identificada al inicio como punto 'c' -inaplicabilidad del régimen de movilidad establecido por la Ley Nº 1285-, no se ha planteado anteriormente ante el ente demandado y esa omisión acarrea la inadmisibilidad de la acción a su respecto (arts. 7 y 31 inc. 'a' del CCA)."

Texto del dispositivo final (transcrito):

"1º.- DECLARAR la admisibilidad formal de la acción deducida por las Sras. María Inés Rosa La Corte, Alicia Rosa Walter, Mónica Jorgelina Calderón y Stella Maris Rita Medina, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego, de conformidad con lo indicado en los Resultandos precedentes.

2º.- CORRER traslado de la demanda al Sr. Presidente del organismo demandado por el plazo de treinta (30) días, para que comparezca y la conteste conforme a las reglas del proceso ordinario, lo que se notificará por cédula. Conjuntamente, se librará oficio al Sr. Fiscal de Estado haciéndole saber el inicio de este proceso.

3º.- MANDAR se registre, notifique y cumpla."

¿Cómo votaron los jueces?

La Sra. juez María del Carmen Battaini no suscribió la presente por hallarse fuera de la jurisdicción (consta expresamente en el dispositivo).

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