AGUILA Mariela Alejandra c/ IPRA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La actora promovió acción contra el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas por cesantías ilegítimas reclamando daño material y moral. La Cámara de Apelaciones confirmó en lo esencial la sentencia de primera instancia pero redujo y fijó el monto del daño moral en $160.000, manteniendo las demás condenas.
¿Quién es el actor?
Mariela Alejandra Águila.
¿A quién se demanda?
Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reparación por daños materiales y morales derivados de cesantías ilegítimas (cesantía/expulsiones ordenadas por la administración en contexto de enfermedad mental/adicción). La actora expresó que no reclamaba salarios caídos en el fuero sino la reparación del daño a su derecho de propiedad y demás perjuicios.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada únicamente para reducir el monto del daño moral, que se cuantificó en PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000). Se rechazaron los demás agravios. Se impusieron costas de alzada 80% a la recurrente y 20% en el orden causado; se regularon honorarios (30% para el letrado de la actora y 25% para el de la demandada).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Tan es así que la accionante especificó en su escrito de inicio, en el capítulo daño material, que “no reclama salarios caídos en este fuero contencioso administrativo, sino el daño provocado en mi derecho de propiedad (art. 17 CN) en relación causal adecuada con la conducta ilegítima de la Administración, quien en violación al principio de legalidad, me aplicó una de las sanciones más graves que prevé el Régimen Básico de la Administración Pública, cuando, por el contrario, su deber era protegerme por aplicación de disposiciones normativas específicas contenidas en la Ley Nº 26.657 de Salud Mental.”"
"En re ipsa y de la prueba rendida la angustia que le generó la extinción del vínculo en el contexto ya analizado en los acápites anteriores. Asimismo, de la prueba pericial psicológica -agregada a fs. 310/313- surge de su conclusión que “El hecho de autos presenta compatibilidad con el concepto psicológico de trauma ... en este el despido y cesantía por el lapso de dos años y medio provocaron consecuencias anímicas que la actualidad se evidencian bajo estado emocional angustiante al nombrarlo y que a la vez, le provocó una recaída y posterior internación….De la evaluación psicológica realizada se concluye conforme al baremo de Castex y Silva para valorar incapacidades Neuropsiquiátricas las RVAN de tipo depresiva, grado II lo que representa un 10 / de incapacidad psíquica total, donde de manera estimativa se asocia un 3 % de incapacidad a la cesantía por el lapso de dos años y medio. El 3% presentado guarda nexo de causalidad directa con los hechos investigados en autos.”"
"Por tanto, el hecho de la administración, retrospectivamente examinado, resulta objetivamente apto, idóneo, para producir, normalmente, esa consecuencia lesiva, adoptando como estándar “el grado de previsibilidad del daño, conforme a la capacidad racionable de prever el curso normal y ordinario de las cosas” (CSJN. Fallo: 330:563)"
"1°.- HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 364/366, exclusivamente en cuanto al monto de daño moral dispuesto en la sentencia recurrida, cuantificando el rubro en la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000)."
(No hubo voto en disidencia: ambos jueces concurrieron con la propuesta del vocal preopinante.)
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Leyes que cita
- Ley 26.657Salud publica
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