Benjamin, Luciano Andrés c/ Valles, Maria Laura y Otro - Desalojo - Falta de Pago
La actora apeló el Auto que declaró la nulidad de actuaciones por la supuesta falta de intervención del representante legal de la codemandada en un proceso de desalojo por falta de pago. La Cámara hizo lugar a la apelación, revocó íntegramente el Auto N° 266/24, desestimó los planteos de nulidad y confirmó la validez de la sentencia de primera instancia, imponiendo costas y regulando honorarios de manera provisoria.
¿Quién es el actor?
Benjamin, Luciano Andrés (actora).
¿A quién se demanda?
Valles, María Laura y otro (codemandada María José Iglesias y demás intervinientes).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
proceso de desalojo por falta de pago; en esta instancia se discute incidente de nulidad por supuesta falta de intervención del representante legal de la Sra. María Laura Valles y la representante complementaria.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora contra el Auto N° 266 de fecha 4/7/24; en consecuencia se revocó en todas sus partes el resolutorio impugnado y se desestimaron los planteos de nulidad. Se impusieron las costas de primera y segunda instancia a la parte demandada y se regularon provisoriamente honorarios para las Dras. Gabriela del Valle Castillo y Graciela Arroyo (4 jus = $147.754,04 por cada una en primera instancia; 12 jus = $443.262,12 por cada una en segunda instancia), con los intereses fijados en el considerando.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"1. Tratamiento de los agravios. Le asiste razón a la parte apelante cuando sostiene que no se ha configurado una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva de la demandada. Este derecho, consagrado tanto en el artículo 18 de la Constitución Nacional como en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), garantiza a todas las personas el acceso pleno y sin obstáculos a la jurisdicción, así como el derecho a ser oídas, a obtener una decisión fundada y a contar con una defensa adecuada en juicio. No obstante, como bien lo señala la apelante, el ejercicio de este derecho no puede analizarse en abstracto, sino a la luz de las circunstancias específicas del caso, particularmente en lo que hace al estado de capacidad jurídica de la demandada al momento de intervenir en el proceso. En este sentido, resulta determinante señalar que al momento de iniciarse el proceso de desalojo -y también al momento de dictarse la sentencia de primera instancia- la Sra. María Laura Valles no se encontraba alcanzada por ninguna declaración judicial de restricción o incapacidad. Recién en el mes de agosto de 2023 se dictó sentencia en el proceso de restricción de su capacidad. Es decir, la demandada era plenamente capaz en términos jurídicos al momento de ejercer su defensa en la presente causa, habiéndolo hecho con el debido patrocinio letrado, sin que conste que sus actos estuvieran viciados ni que carecieran de discernimiento, intención y libertad."
"De conformidad con el artículo 45 del CCC, la validez de los actos realizados por una persona cuya capacidad ha sido posteriormente restringida se presume, y solo pueden ser declarados nulos si se cumplen de manera concurrente dos requisitos: (i) que dichos actos hayan sido perjudiciales para la persona, y (ii) que concurra alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b) o c) del mismo artículo. ... En el caso bajo análisis, ninguna de estas condiciones ha sido debidamente probada en autos. No se ha acreditado que la demandada haya obrado en un estado de enfermedad mental ostensible, ni que la contraparte haya actuado de mala fe con conocimiento de una eventual patología. Por ende, no existen elementos jurídicos ni fácticos que permitan declarar la nulidad de los actos procesales cumplidos por la demandada, ni menos aún la nulidad de la sentencia de primera instancia, la cual fue dictada conforme a derecho y sin que mediara restricción de capacidad alguna."
"Además, se advierte la existencia de una preclusión en cuanto a la posibilidad de articular tempestivamente la nulidad pretendida. ... La presentación del planteo de nulidad recién tuvo lugar en marzo de 2024, esto es, tres años después del inicio del proceso de restricción de capacidad, dos años después de la intervención de la Defensoría Pública, y casi un año posterior a la sentencia que declaró las restricciones. Esta demora resulta incompatible con los principios de preclusión procesal y seguridad jurídica, máxime cuando los actos cuya nulidad se pretende fueron realizados por la parte demandada en un momento en que no existía declaración judicial alguna de restricción de capacidad."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta voto en disidencia; el acuerdo final es unánime según las firmas.
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
Más jurisprudencia sobre
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.