Control jurisdiccional – M., R
Pedido de morigeración de la prisión preventiva para cumplirla en el domicilio del imputado con tobillera. La Cámara de Acusación hizo lugar al recurso de apelación y revocó la decisión de primera instancia, sustituyendo la prisión preventiva por encierro domiciliario con dispositivo electrónico conforme al art. 269 del CPP.
¿Quién es el actor?
Defensa de R. M., representada por el Dr. Milton Parola (recurso de apelación/control jurisdiccional).
¿A quién se demanda?
Auto del Juzgado de Control y Faltas n.º 7 que rechazó la petición de morigeración.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Morigeración de la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, solicitando prisión domiciliaria con dispositivo electrónico (tobillera).
¿Qué se resolvió?
La Cámara de Acusación hizo lugar al recurso defensivo y revocó la decisión apelada en cuanto a la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva; ordenó sustituirla por un encierro cautelar domiciliario con tobillera, sin costas (arts. 550 y 551 CPP). Se ordenó además requerir informes técnicos al Servicio Penitenciario para verificar la viabilidad del dispositivo y que la defensa aporte datos del domicilio y tutores.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El estudio de las constancias de la causa me permite concluir que debe hacerse lugar al recurso defensivo y, por lo tanto, revocar la decisión apelada en cuanto a la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, la que debe ser modificada mediante su sustitución por un encierro cautelar domiciliario, con un dispositivo electrónico de control (tobillera), en función de lo previsto en el art. 269 y ccdtes. del CPP. Sin costas (CPP, arts. 550 y 551)."
"Debe destacarse que todas las medidas cautelares suponen una restricción anticipada de derechos que afecta a una persona cuya responsabilidad aún no ha sido declarada mediante sentencia firme, por lo que legalmente debe ser considerada inocente (arts. 18 de la CN, 39 de la Constitución de la Provincia de Córdoba; 8.2 de la CADH; 14.2 del PIDCyP; y art. 1° del CPP). Por otra parte, es importante considerar que en este ámbito –el de la restricción cautelar de la libertad– rige el principio de interpretación restrictiva de toda disposición que la autorice (art. 3° del CPP). Asimismo, un análisis estricto de la necesidad y proporcionalidad del encarcelamiento cautelar se impone..."
"En conclusión, y de acuerdo a las razones apuntadas, corresponde disponer una morigeración de la modalidad de cumplimento de la prisión preventiva de R. M., sustituyéndola por el encierro cautelar domiciliario, junto con la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), medida cuya viabilidad técnica deberá ser objeto de los informes correspondientes que deberán requerirse al Servicio Penitenciario de Córdoba, según lo previsto en el “Protocolo para el Centro de Control de Personas bajo vigilancia electrónica” (Resolución N° 159/2020 del Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Córdoba), a los fines de verificar las condiciones técnicas para la imposición del dispositivo electrónico de control (tobillera), trámite que estará a cargo de la fiscalía interviniente."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubieron disidencias; los tres vocales (Davies, Salazar y Farías) adhirieron y votaron en el mismo sentido.
Información fáctica relevante incluida en la decisión:
Detención del imputado desde el 16/3/2023 (aprox. 2 años y 7 meses al momento del voto).
Acuerdo de juicio abreviado firmado el 17/9/2025 por una pena de 4 años y 1 mes (presentado por la defensa).
Solicitud fiscal de prórroga de la prisión preventiva al TSJ con fecha 8/10/2025 por cinco meses (mencionada en los autos).
Orden de requerir informes técnicos y que la defensa aporte domicilio y datos de tutores; medida dispuesta sin costas (arts. 550 y 551 CPP).
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