DEL CORRO, Amanda Ruth c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo-Medida Cautelar
La actora promovió demanda contencioso administrativa solicitando el reconocimiento de jubilación ordinaria docente conforme arts. 18, 21, 35 inc. c) de la Ley 561 y normativa nacional y provincial complementaria. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la demanda por aplicación de la Ley 1076 vigente al tiempo de la solicitud y por entender que no se acreditaron los requisitos de edad, años de servicios docentes y aportes exigidos por el inciso c) del art. 35 modificado.
¿Quién es el actor?
Sra. Amanda Ruth Del Corro.
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento de la prestación jubilatoria ordinaria docente (art. 35 inc. “c” Ley 561 y normativa concordante), impugnando el precómputo practicado por la Caja y solicitando aplicación supletoria de normativa nacional y otros regímenes (prorrateo, compensación, reconocimiento de servicios como legisladora y en zonas de frontera).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda y se condenó en costas a la actora; se ordenó registrar, notificar y devolver las actuaciones administrativas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La prestación ordinaria docente reclamada por la actora no puede sustraerse del principio general de vigencia de las leyes a partir del día siguiente al de su publicación oficial y queda alcanzada, entonces, por las modificaciones que introdujo la Ley 1076.
Véase que la petición ante el organismo competente es el antecedente directo y necesario para la concesión del beneficio, y se formalizó el 4 de octubre de 2017, cuando claramente regía la reforma publicada el 24 de febrero de 2016 (Boletín Oficial Nº 3587).
Bajo dicha normativa y conforme el cómputo cuestionado en la demanda (practicado al 30 de noviembre de 2018), la interesada contaba con 61 años y 3 días de edad; 22 años, 4 meses y 23 días de servicios totales; 13 años, 2 meses y 19 días de aportes locales y de éstos 5 años y 5 meses de carácter docente."
"En cuanto al prorrateo de servicios comunes y docentes, si el legislador provincial previó el beneficio y sus exigencias y no incorporó la manda de proporcionar, esa omisión supone un accionar deliberado en sentido restrictivo acorde con la naturaleza diferencial de los requisitos de acceso; no se trata de una laguna normativa a integrar. Por otra parte, las disposiciones nacionales invocadas revisten carácter especial, no son generales ni resultan aplicables, supletoriamente y en lo pertinente, por imperio del art. 74 de la Ley 561, que no fue modificado por la Ley 1076."
"En definitiva, la actividad administrativa desplegada en la verificación y contabilización de los extremos para conceder la prestación jubilatoria docente pedida ante la Caja de Previsión Social de la Provincia y perseguida en la demanda, no luce defectuosa.
En virtud de lo argumentado, voto por la negativa."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Battaini (voto que lidera el acuerdo), Sagastume y Löffler adhirieron; no existen votos en disidencia.
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