RODRÍGUEZ, Susana Gladys c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
La actora promovió demanda contencioso-administrativa contra la Caja de Previsión Social solicitando la nulidad de las Disposiciones de Presidencia 510/18 y 1197/18 y el reconocimiento de prestación jubilatoria ordinaria en los términos de los arts. 18 y 38 de la ley 561. El Superior Tribunal rechazó la demanda por entender aplicable la ley 1076 al momento de la petición, verificar el incumplimiento del requisito de años de servicios y considerar ajustada a derecho la disposición administrativa denegatoria.
¿Quién es el actor?
Susana Gladys Rodríguez.
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia (CPSPTF).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita la nulidad de las Disposiciones de Presidencia 510/18 y 1197/18 y que se reconozca el derecho de la actora a la prestación jubilatoria ordinaria conforme arts. 18 y 38 de la ley 561 (sin referencia a las leyes 1076 y 1210), con fundamento en la adhesión provincial a la ley nacional 24.004 y otras normas; se formula reserva del caso federal.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda y se impusieron las costas por el orden causado. El Tribunal ordenó registrar, notificar y devolver las actuaciones administrativas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La solicitud jubilatoria se ingresó el 9 de junio de 2017 -aunque la interesada completó posteriormente la presentación documental reglamentaria- y la reforma entró en vigencia con la publicación del 24 de febrero de 2016. La aplicación de la normativa contemporánea a la petición concilia con la hermenéutica legal sentada por el Cuerpo, cuando al examinar las modificaciones operadas por la ley 1076 respecto al régimen de determinación del haber inicial, sostuvo además que '…el antecedente directo del acto que concede o rechaza un beneficio es la solicitud; el hecho generador del derecho es el cumplimiento de las condiciones de acceso (edad, servicios y aportes); y ambos se rigen por la ley vigente en el momento de la petición de jubilación si la modificación resulta más gravosa para el peticionante, o al momento de la extinción laboral si es previa a la modificación.'"
"El cómputo practicado al 23 de enero de 2018 y que sirve de antecedente al acto administrativo denegatorio, consigna que la interesada alcanzaba 56 años, 1 mes y 2 días de edad y 19 años, 6 meses y 23 días de servicios, todos con aportes al régimen previsional local. Queda patentizado, así, el incumplimiento del total de servicios exigido."
"En suma, no le asiste razón a la demandante al cuestionar el rechazo de la pretensión jubilatoria que formalizó el 9 de junio de 2017 y la disposición de Presidencia de la demandada que así lo resolvió resulta ajustada a derecho."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Sres. jueces Battaini (preopinante), Sagastume, Löffler y Muchnik votaron en igual sentido; no se registra disidencia.
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