Colegio Profesional Departamental Ushuaia de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Medida Autosatisfactiva
El Colegio Profesional Departamental Ushuaia solicitó medida autosatisfactiva para que se imponga plazo para la conformación del Colegio Departamental Río Grande y se autorice al Colegio Ushuaia a ejercer provisoriamente funciones del Consejo Superior. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la medida por no acreditarse la “fuerte probabilidad” del derecho invocado ni el perjuicio inminente e irreparable, y por tratarse de una intromisión en la zona de reserva del Poder Legislativo.
¿Quién es el actor?
Colegio Profesional Departamental Ushuaia de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (representado por su Presidente Gabriel Alejandro Martínez y Secretario Mariano José Leguizamón).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Medida autosatisfactiva que imponga un plazo para la conformación del Colegio Departamental de Martilleros, Tasadores y/o Corredores de Río Grande y que autorice al Colegio Departamental Ushuaia a actuar provisoriamente como Consejo Superior en la jurisdicción de Ushuaia hasta la conformación del Colegio de Río Grande, y ejercer las funciones previstas en el art. 17, inciso I) de la ley 762.
¿Qué se resolvió?
No hacer lugar a la medida autosatisfactiva; distribución de costas en el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De lo citado se infiere que el instituto en cuestión trata de una medida que agota el objeto pretendido con la sola fundamentación de la fuerte probabilidad de la existencia del derecho y el peligro en la demora, tornando ilusoria la necesidad de tramitar un proceso. Esta última característica hace que su procedencia sea de interpretación restrictiva, puesto que se ha sostenido que '… debe mediar una `fuerte probabilidad´ de que el derecho material alegado, realmente le asista al postulante. No debe perderse de vista que se trata de una diligencia judicial de `interpretación estricta´ o in extremis, es decir que sólo corresponde su proveimiento favorable cuando realmente no existiera una duda razonable acerca de su procedencia….''
...
"En efecto, según surge de los términos de la acción en tratamiento, no se advierte que la parte actora haya acreditado la existencia de una fuerte probabilidad de sufrir un perjuicio inminente e irreparable, ni algo similar. Solamente se ha limitado a enunciar como fundamento de su petición la actuación ─dentro del marco legal vigente─ de la Inspección General de Justicia que negó un pedido de traspaso de legajos de martilleros, corredores y tasadores, cuya resolución no surge como cuestionada en sede administrativa y no basta para demostrar el supuesto daño invocado.
Asimismo, de las constancias acompañadas en estos obrados tampoco se advierte la afectación del derecho a trabajar derivado de la supuesta imposibilidad de inscripción ante la inexistencia del Consejo Superior del Colegio Profesional, puesto que los propios comparecientes acreditan su calidad de martilleros y corredores inscriptos en la matrícula con las copias de las disposiciones emitidas por la citada repartición administrativa, la cual actuó conforme las previsiones de la ley provincial 798 y ante la no constitución de ese organismo previsto por ley 762. Esa propia documental aportada por la actora desvirtúa el planteo formulado en este sentido.
Resulta razonable considerar que si los comparecientes, en ejercicio de la representación del Colegio Departamental Ushuaia, entienden que la ley provincial 762 necesita ser modificada para prever reformas o llenar vacíos legales que permitan agilizar la constitución del Colegio Departamental restante, deberán articular las acciones necesarias ante el órgano competente encargado de sancionar normas formales según las particularidades de nuestro régimen republicano de gobierno. En este sentido, cualquier intervención de la jurisdicción implicaría la intromisión en la zona de reserva de otro poder del Estado, y por ello haría ineficaz la decisión que pudiera adoptarse."
(Votos: el Dr. Ernesto Adrián Löffler preopinó y votó por la negativa; los Dres. Javier Darío Muchnik, María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume adhirieron; resolución por unanimidad del acuerdo).
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