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Tribunal Superior

C., S. F. c/ Provincia de Córdoba — Acción de amparo colectivo

Amparo colectivo contra la Ley provincial 9.891 que creó el Programa de Prevención y Asistencia a víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica. El Tribunal Superior, en pleno, rechazó el recurso de apelación del actor y confirmó la sentencia que negó la acción, aunque precisó que el art. 5 inciso a) de la ley debe interpretarse conforme a las pautas constitucionales delineadas en el considerando II.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-91305
Amparo colectivo Ley 9891 Libertad religiosa Neutralidad estatal Manipulacion psicologica Art. 5 inc. a Interpretacion constitucional Costas Exhortacion legislativa Proteccion de datos sensibles

¿Quién es el actor?

S. F. C. (presidente de la asociación E.C.).

¿A quién se demanda?

Provincia de Córdoba (Ministerio de Justicia y Trabajo como autoridad de aplicación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de amparo colectiva solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley provincial n.° 9891 y su decreto reglamentario (Decreto n.° 654/13), por entender que la norma y su difusión estatal estigmatizan y permiten la investigación y posible criminalización de grupos religiosos/minoritarios (art. 5, inc. a).

¿Qué se resolvió?

se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la sentencia de la Cámara que no hizo lugar a la acción de amparo, con costas a cargo del actor; no obstante, el Tribunal aclaró que el art. 5 (inc. a) de la Ley n.° 9891 deberá ser interpretado según las pautas brindadas en el considerando II de la resolución. Hubo votos concurrentes mayoritarios que sostuvieron la improcedencia del recurso en general, y una minoría que propuso revocar parcialmente y declarar inconstitucional el art. 5 inc. a).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“En definitiva, la Ley n.° 9891 fue proyectada para afrontar una controversia que, en otras sociedades, ha tenido desenlaces trágicos y, por eso, el legislador entendió que merecía atención... el programado diseñado pareciera gozar de la aptitud adecuada (medio idóneo) para la finalidad perseguida por la norma.” (considerando II, acáp. a).

“El recurrente no ha aportado elementos concretos (por ejemplo, sobre detenciones, multas o amedrentamientos) que pusieran de manifiesto la supuesta criminalización invocada contra el colectivo que él representa... no ha logrado demostrar los efectos presuntamente nocivos de la aplicación de la Ley n.° 9891.” (considerando II, acáp. a).

“Lo que aquí está en discusión es lo siguiente. La Ley n.° 9891 le atribuyó a la autoridad de aplicación (el Ministerio de Justicia) la facultad de ‘investigar y estudiar las principales directrices de los grupos definidos en el artículo 3’ (art. 5, inc. a)... Las palabras, ‘investigar’ y ‘estudiar’, deben contextualizarse y entenderse en función de la atribución que se ha conferido al Ministerio de Justicia.” (considerando II, acáp. g).

¿Cómo votaron los jueces?

“Corresponde revocar parcialmente la sentencia... Hacer lugar, en forma parcial, a la acción de amparo colectiva promovida por el actor y declarar inconstitucional únicamente el art. 5 (inc. a) de la Ley n.° 9891... Hacer extensivos los efectos... a las asociaciones... integrantes del referido colectivo.” (considerando II, sección de disidencia conjunta). Se aclara que esta fue la posición de la minoría y no la decisión del Tribunal.

Asimismo, el fallo mayoritario exhorta a la autoridad de aplicación a evitar el uso en difusión oficial de términos como “sectas” o “sectas destructivas”: “Exhortar al Ministerio de Justicia y Trabajo... que se abstenga de utilizar términos como ‘sectas’ o ‘sectas destructivas’ en cualquier instancia de difusión...”.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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