OYARZÚN, Mónica del Carmen c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
Los actores promovieron demandas contencioso-administrativas contra la Caja de Previsión Social reclamando la inaplicabilidad del nuevo régimen de movilidad jubilatoria, la aplicación de la movilidad conforme al régimen previo, el detalle de ítems en recibos y el pago de diferencias con intereses. El Superior Tribunal de Justicia rechazó las demandas y sostuvo que la modificación del régimen de movilidad por la ley 1210 y su reglamentación por el decreto 1508/18 no vulneran el estatus jubilatorio ni la proporcionalidad constitucional, por lo que no corresponde aplicación de intereses ni la intervención solicitada de los jubilados en el procedimiento de reajuste.
¿Quién es el actor?
Mónica del Carmen Oyarzún; José Luis Rubio; Elena del Carmen Montiel Flores; Ana María D'Anna; Alba del Carmen Barrientos Álvarez; Sergio Marconcini (cada uno por derecho propio).
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia (CPSPTF).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declarar inaplicable el régimen de movilidad establecido por el art. 6 de la ley 1210 (modificador del art. 46 de la ley 561) a los haberes consolidados al cese; que sus prestaciones se ajusten automáticamente conforme a la normativa previa (arts. 63 y 65 de la ley (t) 244); inaplicabilidad de la ley 1285 y del decreto 1508/18; que se detalle en recibos los ítems salariales; pago de diferencias por déficit de ajuste con intereses moratorios desde la fecha de cada suma adeudada.
¿Qué se resolvió?
Rechazar las demandas contencioso-administrativas en todos sus términos; imponer costas por el orden causado; registrar, notificar y devolver actuaciones administrativas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En mérito a tales parámetros y precedentes, corresponde descartar en el presente caso los reproches de inaplicabilidad e inconstitucionalidad que contiene la demanda.
No media consolidación de la normativa bajo cuya vigencia obtuvieron las prestaciones y cesaron los actores porque el sistema de movilidad reglado en la ley (t) 244 no fue adquirido como un componente del estatus de jubilado. No hay mengua entonces, al derecho de propiedad, ni aplicación retroactiva de la modificación operada por la ley 1210.
El cambio legal de un régimen de movilidad por otro tampoco se opone a los mandatos de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 51 de la provincial, toda vez que éstos no determinan una modalidad tasada, única e intangible que deba adoptarse para la adecuación en el tiempo de las prestaciones otorgadas, sino que consagran la finalidad de asegurar una proporción razonable entre los haberes de activos y pasivos."
"También se deben desechar las restantes pretensiones vinculadas con la movilidad del haber de pasividad de los demandantes. No corresponde adicionar intereses a los ajustes liquidados en ese concepto, porque no hay mora del organismo demandado que se limitó a seguir la pauta semestral válidamente fijada en la ley 1210. ... La intervención del jubilado en el procedimiento de reajuste tampoco está reglada y es incompatible con la dinámica de éste; la interpretación del artículo 1° del decreto 1508/18 que proponen los accionantes es forzada y confunde el sentido del término 'traslado' ... El primero es el sentido recto e integral de las palabras a las que cabe atender como primera pauta de hermenéutica normativa."
"Por los argumentos desarrollados, juzgo que las acciones no resultan fundadas y que el organismo demandado denegó acertadamente las peticiones deducidas en su sede. En consecuencia, a la primera cuestión voto por la negativa."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue por unanimidad de los tres jueces que suscriben (Battaini, Sagastume y Löffler). No existe voto en disidencia; el juez Muchnik estuvo ausente por licencia.
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