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Tribunal Superior

MARINO, María del Carmen c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo

La actora promovió demanda contencioso-administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia solicitando inaplicabilidad del nuevo régimen de movilidad (art. 6º ley 1210), recálculo y complementación de su haber jubilatorio, y diferencias con intereses. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la demanda, entendiendo que la modificación del régimen de movilidad es constitucional y que no se acreditaron vicios en la determinación del haber ni mora en los reajustes; además reguló honorarios en 20 y 25 IUS.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
3961/19
Contencioso administrativo Movilidad jubilatoria Ley 1210 Ley 561 art. 46 Inaplicabilidad Referenciacion de haber Intereses moratorios Costas Honorarios Providencia 1508/18.

¿Quién es el actor?

María del Carmen Marino (jubilada, ex agente Municipalidad de Río Grande).

¿A quién se demanda?

Caja de Previsión Social de la Provincia (CPSPTF).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declarar inaplicable a sus haberes el régimen de movilidad introducido por art. 6º de la ley 1210 (modificación del art. 46 de la ley 561); ordenar ajuste automático y referenciación del haber (concretamente referenciar al cargo de Subsecretario de Acción Social en el período 11/01/2000 al 10/01/2004); que se abonen diferencias por déficit de ajuste con intereses; detalle en recibos de los ítems salariales; y, subsidiariamente, declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley 561 y del decreto 1508/18.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda en los términos solicitados; se impusieron las costas al actor; se regularon honorarios profesionales (F. Santamaría 20 IUS; A. L. Bernal Renaudo 25 IUS). Se ordenó registrar, notificar, devolver actuaciones administrativas y archivar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una distinción entre la imposibilidad de modificar el estatus de jubilado y la factibilidad de alterar el monto de las mensualidades a que se tiene derecho. Ha indicado que el derecho adquirido importa el respeto a la situación de jubilado (Fallos 311:1213, 320:2825); no el mantenimiento de leyes o reglamentaciones o la inmovilidad normativa ... es atribución del Congreso disponer las pautas adecuadas para hacer efectiva la movilidad que consagra el artículo 14 bis de la Constitución nacional..."

"En mérito a tales parámetros y precedentes, corresponde descartar en el presente caso los reproches de inaplicabilidad e inconstitucionalidad que contiene la demanda. No media consolidación de la normativa bajo cuya vigencia cesó la actora porque el sistema de movilidad reglado en la ley 561 -con las modificaciones de leyes 721 y 742- no fue adquirido como un componente del estatus de jubilada. No hay mengua entonces, al derecho de propiedad, ni aplicación retroactiva de la modificación operada por la ley 1210."

"No corresponde adicionar intereses a los ajustes liquidados en ese concepto, porque no hay mora del organismo demandado que se limitó a seguir la pauta semestral válidamente fijada en la ley 1210. ... La discriminación de los ítems que conforman el haber jubilatorio no está exigida normativamente, no se ha justificado que la distinción pretendida resulte razonable y compatible con el mecanismo del artículo 46 de la ley 561 actualmente vigente, no se han acreditado las diferencias en los recibos..."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Battaini, Sagastume y Muchnik coinciden y votan por negar la demanda. (No se registran disidencias relevantes en el dispositivo).

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