Zamarbide, Antonio Ernesto c/ Provincia de Córdoba - Ilegitimidad - Recurso de apelación
Zamarbide impugnó la resolución administrativa que dejó sin efecto un concurso público en el que obtuvo el primer lugar. El Tribunal Superior de Justicia confirmó el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por la Provincia y habilitó el control judicial del acto administrativo, imponiendo costas a la vencida y regulando honorarios por la Cámara a quo.
¿Quién es el actor?
ZAMARBIDE, Antonio Ernesto.
¿A quién se demanda?
Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la Resolución N° 484/2018 que dejó sin efecto el llamado a concurso para cobertura del Cargo N.º 578 (Jefatura del Área de Micro Emprendimientos Productivos y Tarifa Social), en el que el actor obtuvo el primer lugar; cuestión de ilegitimidad/competencia para el control judicial del acto administrativo.
¿Qué se resolvió?
El Tribunal Superior de Justicia, Sala Contencioso Administrativa, por mayoría, no hizo lugar al recurso de apelación deducido por la Provincia y confirmó el Auto Interlocutorio N° 172 de la Cámara de Apelaciones que rechazó la excepción de incompetencia. Imponiéndose las costas a la vencida y disponiéndose la regulación de honorarios de la parte actora por la Cámara a quo (31% del mínimo de la escala, previo emplazamiento, si correspondiera).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"10.- En este orden de ideas, se exhibe debidamente fundada la conclusión de la Cámara de rechazar la excepción y habilitar la instancia contencioso administrativa, asumiendo en torno al carácter discrecional del acto impugnado que desde hace ya '…muchos años se postula que la libertad de apreciación atribuida normativamente a la Administración debe ser ejercida dentro del ordenamiento jurídico, pues una interpretación contraria colisionaría con el principio de legalidad o juridicidad' y ello '…conlleva que los tribunales gocen de competencia para llevar adelante un control de juridicidad de tales actos'. Así, en sintonía con la jurisprudencia y doctrina que invoca, la Juzgadora resolvió este caso dejando en claro que '…el control del ejercicio de la discrecionalidad no puede fundar una excepción de incompetencia sino que debe ser analizado al momento de resolver el fondo de la cuestión'."
"11.- En este orden de ideas, se exhibe debidamente fundada la conclusión de la Cámara de rechazar la excepción y habilitar la instancia contencioso administrativa, asumiendo en torno al carácter discrecional del acto impugnado que desde hace ya '…muchos años se postula que la libertad de apreciación atribuida normativamente a la Administración debe ser ejercida dentro del ordenamiento jurídico, pues una interpretación contraria colisionaría con el principio de legalidad o juridicidad' y ello '…conlleva que los tribunales gocen de competencia para llevar adelante un control de juridicidad de tales actos'. ... 'Si actualmente la discrecionalidad forma parte del orden jurídico, el control judicial debe revisar si efectivamente ha sido correctamente ejercida "dentro de ese universo jurídico". Esto no implica revisar su esencia (selección de una alternativa entre otras igualmente válidas), sino sólo su contorno externo e inserción en el sistema jurídico.'"
"12.- En este marco, coincidimos con la Cámara en cuanto entiende que asiste razón al actor cuando expresa que el control judicial del ejercicio de lo que la demandada considera una facultad constitucional discrecional no se encuentra vedado en autos. Es que, en este caso, existe afectación individual, un interés legítimo y la actuación de la Administración al dictar la resolución que se recurre se encuentra regulada por ordenamiento jurídico y sujeta al control judicial."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; los tres Vocales votaron en igual sentido y el acuerdo confirma el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones.
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