Altamirano, Ignacio Daniel c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba- Plena Jurisdicción
La demandada interpuso recurso de reposición contra el decreto que dio trámite, conforme art. 51 y concordantes de la Ley 7.182, a la pretensión ejecutiva del actor por suma líquida ($28.198,08) con intereses. La Cámara rechazó el recurso, sostuvo la aplicación del precedente del Tribunal Superior (CIAR) para imprimir el trámite de ejecución y dispuso costas por el orden causado, deferiendo la regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Altamirano, Ignacio Daniel.
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se discute la procedencia de tramitar como ejecución (art. 51 y ss. Ley 7.182) la pretensión de cobro de una suma líquida (se indicó $28.198,08) con intereses desde el retiro voluntario el 30/06/2011; la demandada interpuso reposición alegando incompetencia del fuero contencioso administrativo y firmeza de actos administrativos que habrían reconocido montos y una tasa del 6% anual.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la demandada contra el Decreto de fecha 22/04/2024; imponer las costas por el orden causado; diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base económica para ello.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"4.2. La Resolución que se impugna es una decisión de una autoridad judicial, dotada de fundamentación lógica y legal (art. 155 de la Constitución Provincial), sin que los argumentos expuestos por la recurrente la desvirtúen. En efecto, recientemente, y con posterioridad a la jurisprudencia que cita la parte demandada en su recurso, nuestro Tribunal Superior de Justicia (S. ECO), en autos “CIAR S.A. C/ PROVINCIA DE CORDOBA – ORDINARIO – CUESTION DE COMPETENCIA” (expte. SAC N° 9751280, Auto N° 195 de fecha 30/12/2022 y proveído de fecha 09/03/2023), determinó la competencia de este fuero especial para resolver cuestiones como las que se debaten en las presentes actuaciones, en las que se pretende el cobro de una suma líquida de dinero y sus intereses - en este caso liquidables -, que refleja económicamente el reconocimiento de un derecho del administrado efectuado por la Administración en un acto administrativo que se encuentra firme, siempre que se trate del ejercicio de función administrativa y se aplique un régimen de derecho público, entendido éste en sentido amplio comprensivo no solo de normas, sino también de principios generales-. Indicó además el máximo Tribunal que la vía procesal adecuada para encauzar pretensiones de tal naturaleza es la del trámite de ejecución previsto en el art. 51, ss. y cc. de la ley del fuero".
"4.3. En cuanto a la denunciada ausencia de materia contencioso administrativa, por el carácter patrimonial de la cuestión de fondo que, según la recurrente, no corresponde a este fuero de excepción, es dable traer a colación lo señalado por el Tribunal Superior de Justicia (Sala C.A.) en reciente pronunciamiento ... 'Dicha cuestión, si bien tiene un claro contenido patrimonial, no puede resolverse aplicando exclusivamente normas de carácter privado. ... por lo que resulta competente el fuero contencioso administrativo.' ... dadas las circunstancias particulares de la causa, ... se le imprima trámite a la pretensión articulada por vía del artículo 51 siguientes y concordantes de la Ley 7182 (cfr. TSJ en Pleno, Sala Electoral y de Competencia Originaria, 'CIAR SA c/ Provincia de Córdoba', proveído de fecha 09/03/2023)."
"Que corresponde se impongan las costas por el orden causado (artículo 70 de la Ley Nro. 8.024, t.o. por Decreto Nro. 40/09) dado lo novedoso de la situación y el precedente establecido por el Tribunal Superior de Justicia en autos 'Ciar' ya referido y se difiera la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base para ello (artículo 32 de la Ley Nro. 9.459)."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Gabriela Cáceres expresó disidencia parcial y votó por hacer lugar al recurso de reposición y revocar el decreto del 22/04/2024, sosteniendo que no existe norma que permita convertir una acción de plena jurisdicción en una acción ejecutiva de cobro en este fuero y que la creación pretoria de una acción vulneraría el principio de legalidad y el juez natural. Esa posición quedó en minoría y no fue adoptada por la mayoría.
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Leyes que cita
- Ley 7.182 de CórdobaCodigo de procedimiento contencioso-administrativo
- Ley 9.459 de CórdobaCodigo arancelario para abogados y procuradores de la provincia de cordoba
- Ley 8.024 de CórdobaRégimen general de jubilaciones, pensiones y retiros de córdoba (t.o. 2020)
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