B., S. R. c/ Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba – Plena Jurisdicción
El Ing. Sergio R. B. promovió demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba por nulidad de las Resoluciones N°196/2018 y N°197/2018 que le impusieron seis meses de suspensión. La Cámara confirmó la legitimidad de los actos administrativos impugnados, rechazó la demanda y condenó en costas a la parte actora, considerando ajustado a derecho el procedimiento disciplinario y la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Ética.
¿Quién es el actor?
Ing. Sergio R. B.
¿A quién se demanda?
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugnan la Resolución N°196/2018 (imposición de sanción de suspensión por seis meses) y la Resolución N°197/2018 (rechazo del recurso de reconsideración), por nulidad, falta de motivación, vicios procedimentales, incompetencia del órgano y prescripción.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda de plena jurisdicción y se confirmó la legitimidad de los actos administrativos impugnados; se impusieron las costas a la parte actora y se diferirió la regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por todo lo expuesto, las premisas precedentemente desarrolladas y las conclusiones a las que se arriba a través de ellas, justifican la improcedencia de la demanda de plena jurisdicción interpuesta por el Sr. Sergio R. B. en contra del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, por lo que procede confirmar la legitimidad de los actos administrativos impugnados." (punto 14, voto preopinante).
"De tal precepto legal se deriva que el domicilio al que debe dirigirse la notificación no es el domicilio real sin más, sino el último domicilio real constituido por el profesional ante el Colegio de Ingenieros. Por ende, si el Ingeniero B. no modificó y/o constituyó otro domicilio ante el Colegio profesional -lo cual tampoco surge acreditado- no puede el profesional pretender que la notificación sea remitida a un domicilio distinto de aquel que oportunamente declaró." (punto 10.1).
"En tales condiciones, si a tenor de los términos del dispositivo aplicable, el momento de la comisión de la falta a fin de computar el plazo legal, reside en definir en qué momento el profesional incurrió en el incumplimiento de su deber profesional, las actuaciones incorporadas y la ausencia de otros elementos de prueba que justifiquen una demora en la iniciación de los trámites necesarios para realizar el trabajo de mensura encomendado constituyen prueba suficiente a tal efecto." (punto 13).
Se consignan además las citas textuales que sustentaron la decisión: "…ha quedado acreditado que las gestión encomendada ni siquiera ha sido iniciada, en base a los elementos agregados a esta causa, igualmente, y en un plano de interpretación de buena fe de toda encomienda profesional, los plazos deben ser razonables y finitos temporalmente, salvo imponderables que deben ser manifestados de un modo expreso e inequívoco, algo que en autos no ha sucedido." (fundamentos administrativos reproducidos en el voto).
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo voto en disidencia; las tres Vocales votaron en igual sentido adhiriendo al voto de la preopinante.
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