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Tribunal Superior

Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba - Acción declarativa de inconstitucionalidad

Acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley provincial 10930 por supuesta exclusión del control preventivo del Tribunal de Cuentas. El Tribunal Superior de Justicia declaró formalmente inadmisible la ADI por prematura y por falta de legitimación diferencial de los accionantes, al no existir un caso concreto ni interés propio acreditado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-88482
Accion declarativa de inconstitucionalidad Tribunal de cuentas Legitimacion Caso concreto Inadmisibilidad Control preventivo Ley 10930 Prematuridad Provincia de cordoba Competencia originaria.

¿Quién es el actor?

María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán (en su carácter de vocales electos del Tribunal de Cuentas).

¿A quién se demanda?

Provincia de Córdoba (por la Ley n.° 10930).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción declarativa de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley n.° 10930 (arts. 21.b [enc.], incs. 1 [aparts. II-VI], 2-9; y art. 23, inc. b, apart. h), por entender que condicionan o excluyen sustancialmente la intervención preventiva y el control del Tribunal de Cuentas.

¿Qué se resolvió?

Se declaró formalmente inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por Leiva y Corvalán contra la Ley n.° 10930. El TSJ consideró que la acción fue presentada antes de la entrada en vigor de la norma y que los actores no acreditaron un interés legítimo, concreto y diferenciado que los habilitara como parte interesada en una ADI, por lo que no se cumplen los presupuestos de admisibilidad para activar la competencia originaria del Tribunal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La presentación fue concretada de forma prematura. Así, en los hechos, los accionantes requirieron al TSJ que actuara como una suerte de tribunal constitucional; es decir, sin que mediara un caso judicial en propiedad e, incluso, para que desplegara el control 'antes de que ellas [las normas objetadas de la Ley n.° 10930] fueran promulgadas'. Dicha alternativa, aunque resulta factible en muchos países europeos y asiáticos, no responde al modelo que reina ininterrumpidamente en la provincia desde el año 1923. Según este, para que proceda la ADI, la ley impugnada no debe haber sido aplicada aún, pero sí estar en vigor, cosa que, estrictamente, no acontecía cuando los Sres. Leiva y Corvalán accionaron."

"De lo anterior se infiere lo siguiente. Aun cuando los Sres. Leiva y Corvalán habían sido elegidos para desempeñarse como miembros del TC cuando a este órgano lo regía la Ley n.° 7630, ellos no habían adquirido el derecho irrevocable (de carácter subjetivo-personal) a que, en el desempeño de una función pública, solo debían gozar de las atribuciones que dicha norma -y no otra- reconocía al TC. [...] En síntesis, al no haber acreditado la incidencia que el cambio legislativo tendría en lo que sería propio de ellos (derechos subjetivos o intereses compartidos con otros de la misma condición), la actuación del TSJ se vuelve impracticable; al menos, por vía de una ADI."

(y el dispositive final) "De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, SE RESUELVE: Declarar formalmente inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad articulada por los Sres. María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, en el carácter invocado, en contra de la Ley n.° 10930 (arts. 21. b [encabezado], incs. 1 [aparts. II, III, IV, V y VI], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; y art. 23, inc. b, apart. h). Protocolícese, hágase saber y dese copia."

¿Cómo votaron los jueces?

No constan disidencias en el bloque resolutorio; la resolución aparece firmada por los vocales que suscriben el texto.

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