Rodríguez, Orlando Alberto c/ Sanatorio Allende S.A. — Ordinario — Despido
Reclamo por despido indirecto y remuneraciones de un médico traumatólogo contra Sanatorio Allende S.A.; la Cámara del Trabajo rechazó la demanda por aplicación de la defensa de falta de acción y concluyó que la relación fue de naturaleza autónoma regulada por un contrato de cesión de uso de marca e imagen.
¿Quién es el actor?
Orlando Alberto Rodriguez (DNI 25.455.139).
¿A quién se demanda?
Sanatorio Allende S.A. (CUIT 30-54587142-0).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
demanda por despido (despido indirecto) y pago de haberes de marzo y proporcional de abril 2018, SAC, vacaciones 2017 y no gozadas 2018, indemnizaciones por despido, multas de arts. 8 y 15 LNE y art. 80 LCT, además de certificaciones laborales.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la excepción de falta de acción y se rechazó en todas sus partes la demanda de Orlando Alberto Rodriguez; se impusieron las costas al actor; se regularon honorarios de los letrados y peritos; se declaró la exención de Tasa de Justicia y se emplazó al actor a cumplimentar aportes (Ley 6468).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En consecuencia, el análisis efectuado a partir de la vasta prueba producida en autos, no deja dudas para el tribunal de que la vinculación existente entre el Dr. Orlando Alberto Rodriguez y el Sanatorio Allende, lo fue en el marco de una contratación ajena al régimen jurídico laboral, puesto que resultó patentizado que aquella se desarrolló a partir de conductas, procedimientos y reglas que definieron un modo de actuación autónoma y de asunción propia de los riesgos de su rendimiento. En efecto, el hecho de que los pacientes fueron proveídos por el Sanatorio a partir de la asignación de los turnos dado en Secretaría y que los módulos de horarios fueran fijados por la institución, así como la obligación del actor de comunicar sus inasistencias para la reprogramación de las consultas y el aviso previo a los pacientes, reflejan un trabajo desarrollado en la organización de una estructura preexistente, que requiere reglas básicas relacionadas con estos aspectos para la prestación de sus servicios. En esta dirección, las características en que esta se desenvolvió y el análisis particular efectuado acerca del vínculo habido, con especial atención de los arts. 21, 22 y 23 LCT, permite determinar en el caso, la ausencia de subordinación jurídica, consistente en la posibilidad de quién recibe la prestación de dirigir en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa, sometiéndolo a su autoridad, a sus facultades de organización, dirección, control y poder disciplinario. No se verificó que las partes de la relación se comportaran como lo harían un trabajador y un empleador, configurando de hecho una relación de trabajo (art. 22, LCT), presupuesto de la aplicación de la normativa laboral."
"En efecto, quedó patentizado, a partir de sendas declaraciones, que el actor percibía sus ingresos mediante la facturación que efectuaba al Sanatorio, quien no abonaba directamente tales sumas, sino que siempre lo eran a través del pago efectuado por terceros, sean los pacientes particulares o las obras sociales, cuando estas abonaban las consultas y las prácticas, siempre sujeto a las demoras que registraban habitualmente; asimismo, no hay dudas que el Sanatorio emitía la factura a aquellas entidades en función de los pacientes que eran atendidos por cada profesional. Tal procedimiento fue ratificado por la testigo Ferroni, encargada de liquidar ingresos solo a los médicos independientes, quien afirmó que el área de cobranzas recibe el dinero de las obras sociales y ella liquida lo que corresponde a cada profesional y se lo transfiere a la cuenta bancaria denunciada por cada uno de ellos al ingresar al hospital, con la condición de AFIP. Por su parte, Soler explicó cómo realizaba la facturación a los pacientes particulares, en el talonario de cada profesional que ella tenía en su poder, y de qué manera volvía o se rendía el dinero de las consultas y cirugías efectuadas por aquellos. El Dr. Pioli, a su turno, refirió que ellos facturaban al Sanatorio, y llevaban una planilla de control de los pacientes, en virtud de la cual fiscalizaban los pagos que iban efectuado las obras sociales o prepagas, siendo claro en cuanto a que percibían tales ingresos a medida que aquellas iban cancelando sus deudas por esos conceptos, que eran a su vez facturados a aquellas por el Sanatorio, alegando ambos que en general aquellas entidades se demoraban algunos meses en hacer efectivo los pagos, por lo que si no abonaban un mes, el médico no cobraba sus honorarios, en tanto estos dependían de lo que cada uno generaba."
¿Cómo votaron los jueces?
No constan votos en disidencia; la resolución es unipersonal por la Vocal María Cecilia Busleiman (integró y firmó la sentencia).
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 6.468 de CórdobaLey organica de la caja de prevision y seguridad social de abogados y procuradores de la provincia de cordoba.
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