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Tribunal Superior

Adamo María Florencia C/ November Group S.R.L. Y Otros – Ordinario - Haberes. Recursos De Casación

Reclamó la actora haberes y sanciones laborales contra November Group SRL y otras personas. El Tribunal Superior admitió parcialmente los recursos de casación, rechazó la demanda contra Carlos Forno y dejó sin efecto la condena por la sanción del art. 132 bis LCT bajo condiciones y apercibimiento, desestimando el resto de la impugnación.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-89457
Haberes Art. 132 bis lct Responsabilidad solidaria Certificacion art. 80 lct Casacion November group srl Afip Astreintes Honorarios Proporcionalidad

¿Quién es el actor?

Adamo, María Florencia.

Demandado(s): November Group S.R.L.; Arnaudi Karina Andrea; D’Agostino Gabriela Mariel; Carlos Forno (entre otros).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo ordinario de haberes (diferencias salariales, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, haberes de julio/2014), entrega de certificaciones del art. 80 LCT, multas (art. 80 y art. 132 bis LCT) y astreintes.

¿Qué se resolvió?

Se admitieron parcialmente los recursos de casación; se rechazó la demanda incoada contra Carlos Forno; se dejó sin efecto la condena por la sanción del art. 132 bis LCT bajo las condiciones y con el apercibimiento fijados por la Sala; se desestimó la impugnación en lo demás; con costas por el orden causado; y se remitió a la a quo la regulación de honorarios conforme lo indicado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "Las constancias del subexamen revelan que asiste razón al recurrente en cuanto a la crítica que dirige a la responsabilidad solidaria dispuesta respecto a la persona física recurrente -Carlos Forno-. La a quo analizó que en el sublite se había constatado la retención de aportes a la dependiente y que no fueron ingresados a los organismos recaudadores correspondientes, así como la ausencia de pago de rubros de indubitable procedencia -v.gr. liquidación final-. En ese contexto, ponderó que Forno junto con su esposa fueron los operadores directos que actuaban en el ámbito del colegio y ejercían todas las facultades previstas en el poder de administración y disposición que les habían otorgado. Entonces, reputó que su responsabilidad solidaria emergía de lo dispuesto en el art. 59 LSC. Sin embargo, la plataforma fáctica verificada por la Juzgadora no admitía la subsunción legal que efectuó. Más allá de las irregularidades que constató, no surge de ningún elemento probatorio que el ente societario empleador se hubiera utilizado con fines ajenos a su objeto. Tampoco se demostró su insuficiencia patrimonial para hacer frente a los créditos de la actora, lo que ameritaría otro análisis. En tal sentido, no se encuentra controvertido que la firma November Group SRL es propietaria no solo del instituto educativo en el que laboraba la actora -Emilio Lamarca-, sino también de otro sito en Villa Carlos Paz que continúa funcionando -Julieta Delfino-. De tal manera, la sola constatación de las referidas omisiones no aparece suficiente para enmarcar el caso dentro del ámbito específico de la Ley de Sociedades, lo que decide el rechazo de la demanda en contra de Carlos Forno (única persona física que vino a la instancia)."

2) "También lo resuelto en torno a la multa del art. 132 bis, LCT impone el control que compete a esta Sala. A fs. 88/89 consta que con fecha veintisiete de octubre de 2014 la trabajadora cursó intimación a la empleadora a fin de que en el término de dos días acreditase el efectivo y total ingreso de los fondos que le fueran retenidos con destino a los organismos de la Seguridad Social; también para que le entregara la constancia documentada de su cumplimiento, todo bajo apercibimiento de reclamar la sanción conminatoria prevista en el dispositivo citado. Además, según la informativa de AFIP (fs. 143/149), la accionante se encontraba inscripta y se registran impagas contribuciones patronales, aportes de seguridad y obra social por algunos períodos de la vinculación, los que fueron retenidos oportunamente por la patronal, tal como se analizó en el decisorio impugnado en función de los recibos de haberes aportados por Adamo. En este punto, cabe señalar que si bien es cierto que, como lo apunta el impugnante, no obran en la causa los correspondientes a los meses de febrero a julio 2014, la deuda data de meses anteriores y requerida la accionada a los fines de la exhibición de tales documentos por toda la relación, no compareció a la audiencia respectiva (fs. 118), dotando de veracidad a las afirmaciones vertidas en el libelo inicial. De tal modo, a priori, como lo manifestara la a quo, aparecería configurado el presupuesto de aplicación de la norma en análisis."

3) "Bajo tales premisas, teniendo en cuenta la falta de precisión del requerimiento formulado por el trabajador en cuanto a periodo y conceptos adeudados -ver telegrama de fs. 88/89- así como la información revelada por la AFIP en torno a que la renuencia patronal en los pagos no fue total, cabe ordenar a la empleadora que en el término de diez días desde que quede firme el presente pronunciamiento, acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos correspondientes (ver los que figuran 'pagos parciales' e 'impagos' a fs. 146/147). Vencido el plazo referido, en caso de inobservancia, entonces se tornará operativa la sanción del art. 132 bis, LCT y consistirá en el pago de medio SMVM por cada mes que transcurra hasta el cumplimiento de lo dispuesto (en igual sentido SS 79 y 196/2023, 349/2024, entre otros)."

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo disidencia; los tres vocales adhirieron al mismo resultado.

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