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Cámara de Apelaciones

Aztarayn Sebastián Rodrigo c/ CordMold Sa y Otro — Ordinario — Accidente con Fundamento en el Derecho Común

Demanda laboral por reparación integral derivada de un infortunio laboral. La Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Córdoba rechazó la apelación de CordMold SA y confirmó el decreto que admitió la demanda, sosteniendo que la acción fue fundada en el derecho común y no está alcanzada por la caducidad del régimen de riesgos del trabajo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-89716
Trabajo Accidente de trabajo Reparacion integral Derecho comun Caducidad Ley 26.773 Ley 27.348 Ley 10.456 (cordoba) Recursos de apelacion Honorarios (12 jus ? $420.163

¿Quién es el actor?

Aztarayn Sebastián Rodrigo.

¿A quién se demanda?

CordMold SA y otro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo ordinario por reparación integral del daño derivado de un accidente/infortunio laboral, fundado en el derecho común (fuera del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la codemandada CordMold SA contra el decreto del 29/05/2025 del Juzgado N°17 (Tribunal de Gestión Asociada N°3 de Conciliación y Trabajo) que admitió la demanda, y se confirmó dicho decreto; se impusieron las costas por su orden y se regularon provisoriamente honorarios en 12 Jus (hoy $420.163,68).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La caducidad, ahora regulada expresamente en el art. 2566 del Código Civil y Comercial, es el efecto asociado al vencimiento de un plazo en el que debe ejercitarse una pretensión o una conducta jurídica que la habilita, que a diferencia de la prescripción, no está sujeta a suspensión ni interrupción (art. 2567), tiene automaticidad cuando la ley lo establece y —fundamentalmente— extingue el derecho. En ese sentido, puede decirse que se trata de una sanción que la ley estipula y que va asociada a la negligencia o el descuido de quien, debiendo ejercer un derecho en un determinado plazo, no lo hace. Ahora bien, siendo la caducidad el más gravoso de los efectos del transcurso del tiempo en detrimento de derechos, no puede 'conjeturarse'. En otras palabras, si la caducidad no emerge explícitamente del texto de la ley, no se le puede aplicar. Jurisprudencialmente se ha indicado que: 'La caducidad no es apta para ser establecida interpretativamente, ni por vía de hermenéutica extensiva o conjetural, ni muchos menos por analogía o inducción; la única forma de que ella rija es que se constate su presencia, sin lugar a dudas, de la voluntad del legislador asentada en la norma' (in re 'Urquiza c/ Prevención ART SA' Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, 29/04/2015, en sist. Eureka, Voto del Dr. López Mesa, Marcelo J.)."

"El art. 4 de la Ley 26.773, en su 2° párrafo, regula la conocida opción excluyente reconocida a los damnificados entre las indemnizaciones previstas en el régimen especial o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Dicho artículo fue reformado por la Ley 27.348 —a la que prestó adhesión la Provincia de Córdoba a través de la Ley 10.456-, la que por conducto de su art. 15 sustituyó el 4° párrafo del mencionado art. 4 de la Ley 26.773, estableciendo: 'Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado' (el resaltado nos pertenece). La norma expresamente indica la imposibilidad de promover una acción sustentada en el derecho civil (o en otros regímenes jurídicos) sin haber recorrido el procedimiento administrativo previo que ella misma recepta. Dicha regla resulta claramente aplicable a la controversia de autos. Sin embargo, la obligatoriedad del trámite previo no autoriza a suponer que corresponda la aplicación de plazos previstos en el régimen sistémico, cuyo incumplimiento acarrea la más gravosa de las sanciones procesales, conforme ya se analizó."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución fue por unanimidad; no se registra disidencia.

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