Nobrega, Lucas Adrián p. s. a. producción, publicación, distribución, etc. de imágenes pornográficas de menores de 18 años, etc. - Recurso de inconstitucionalidad
Los defensores del imputado impugnaron la escala penal del art. 128 (párrafo 1° y 5°) del Código Penal por inconstitucionalidad. El Tribunal Superior, en Pleno, rechazó el recurso por entender que la norma no adolece de clara irrazonabilidad y que la política criminal legislativa, respaldada por instrumentos internacionales, justifica la escala punitiva aplicada.
¿Quién es el actor?
Los doctores Marcelo José Martín Silvano y Alfonso José Martín, en su carácter de defensores.
¿A quién se demanda?
Sentencia de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Bell Ville, y en subsidio la ley penal cuestionada en favor del imputado Lucas Adrián Nobrega.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de inconstitucionalidad contra la escala penal prevista en el art. 128, quinto párrafo en función del primer párrafo, del Código Penal (cuestionamiento de la igualdad, proporcionalidad y culpabilidad de la misma escala para diversas conductas como producir, financiar o simplemente distribuir material pornográfico infantil).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a favor de Lucas Adrián Nobrega y se impusieron costas (arts. 550 y 551 CPP).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
“La criminalización responde a una política criminal destinada a combatir todos los eslabones de la cadena de explotación sexual infantil, en los cuales las conductas asociadas a la producción, financiación y tráfico de MASI (previstas en el primer párrafo del art. 128) resultan igualmente graves para la afectación del bien jurídico protegido (la indemnidad y libre desarrollo sexual de niños, niñas y adolescentes). Incluso, se castiga la tenencia de dicho material con fines inequívocos de distribución o comercialización y también la tenencia simple (tercer y segundo párrafo del art. 128, respectivamente), aunque aquí sí, con una pena menor.
Tanto la producción y financiación de ese contenido, como su distribución y puesta a circulación a través de diversos medios (principalmente informáticos) afectan la dignidad de ese sector especialmente vulnerable por su edad requiriendo, por lo tanto, una protección reforzada por parte del Estado.”
“Por lo demás, tampoco el mínimo legal que resulta de la aplicación de la agravante del quinto párrafo del art. 128 del CP al delito previsto en el primer párrafo de esa norma aparece como desproporcionado con relación a la conducta allí prevista, ni con el accionar concretamente atribuido al imputado. Es que, tal como destacó el tribunal de juicio, la importancia del bien jurídico protegido y la preocupación que el avance de los delitos vinculados a la explotación sexual infantil ha generado no solo en el ámbito doméstico, sino también, a nivel internacional ..., inciden en el marco punitivo adoptado por el legislador. Máxime, cuando también se ha señalado que el uso de las TIC ... ha permitido que el intercambio de materiales de abuso infantil pueda ser realizado de manera instantánea ...”
“En definitiva, no hay elementos que autoricen a sostener la existencia de una clara equivocación del legislador, ni los recurrentes han demostrado en el caso una efectiva vulneración a los principios de igualdad, proporcionalidad y culpabilidad derivadas de la escala penal prevista para el delito endilgado al imputado Nobrega. La mera discordancia de los impugnantes con la estrategia legislativa adoptada en la norma cuestionada, no satisface la prueba de su irrazonabilidad.”
¿Cómo votaron los jueces?
No constan votos en disidencia; se hace constar que el Vocal Sebastián Cruz López Peña participó en la deliberación y emitió opinión conforme, sin suscribir por licencia, sin que ello genere disidencia.
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