C., J. V. p. s. a. de homicidio imprudente
La defensa del imputado solicitó la suspensión del juicio a prueba y planteó la inconstitucionalidad del párrafo noveno del art. 360 bis del CPP de Córdoba. La Cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad y, por la oposición fiscal vinculante, denegó la suspensión, imponiendo costas y ordenando el pago de la tasa de justicia.
¿Quién es el actor?
La defensa del imputado J. V. C., representada por los abogados C. D. B. y E. R., que solicitó la suspensión del juicio a prueba y planteó la inconstitucionalidad del art. 360 bis, noveno párrafo, del CPP de Córdoba.
¿A quién se demanda?
Se controvierte la validez del requisito de conformidad fiscal contenido en el CPP de Córdoba frente a la actuación del Ministerio Público Fiscal (y en subsidio se impugna la interpretación que da la Fiscalía de Cámara).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Concesión de la suspensión del juicio a prueba (arts. 76 y 76 bis CP y 360 bis CPP) y declaración de inconstitucionalidad del noveno párrafo del art. 360 bis del CPP por invadir competencias y por afectar la división de poderes.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 360 bis, noveno párrafo, del CPP y, en consecuencia, no se hizo lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada por la defensa de J. V. C.; se impusieron costas (arts. 550 y 551 CPP) y se ordenó el pago de la tasa de justicia, equivalente a 3 jus, por el condenado en costas J. V. C., con plazo de quince días para su pago una vez firme la sentencia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"2. El dictamen fiscal negativo tiene carácter vinculante para el rechazo del beneficio y esta es una cuestión zanjada no solamente por la clara letra de ley, sino también por la jurisprudencia consistente en tal sentido. ... En efecto, tal como lo indica la regulación de fondo y el Código Procesal Penal de Córdoba, la oposición del fiscal, fundada en razones de política criminal o en la necesidad que el caso se resuelva en juicio es vinculante para el tribunal (arts. 76 bis, CP y 360 CPP). Además de las normas citadas y, en concreto, para el supuesto de la suspensión del juicio a prueba, el Tribunal Superior de Justicia local ha sostenido en reiterados precedentes que el consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba. Ello, siempre que no se trate de un caso de palmaria irrazonabilidad o de total falta de fundamentación que implique el ejercicio arbitrario de una función que le es propia al acusador, o bien, cuando sin llegar a esos extremos, la negativa se sustente en una interpretación errada de una cuestión normativa, cuyo alcance se encuentra intensamente controvertido a nivel doctrinario y jurisprudencial inclusive en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación."
"b.2) La segunda crítica amerita un mayor análisis, pero con el mismo resultado negativo. Agravia a la defensa que el noveno párrafo del artículo 360 bis CPP, al supeditar la concesión de la suspensión del proceso a prueba a la conformidad del fiscal, ha desplazado indebidamente hacia el Ministerio Público Fiscal una potestad que es jurisdiccional, y que ello infringe la división de poderes. El argumento carece de un desarrollo que permita identificar de qué manera se produce semejante colisión a entender del letrado; no obstante ello estimo que no hay vulneración de disposición constitucional alguna en la exigencia de anuencia fiscal, por las razones que paso a explicar. ... Precisamente por ello, y en especial porque la aplicación de un criterio de oportunidad supone hacer excepción a la regla de la irretractabilidad de la acción penal, es que el carácter vinculante de su negativa a la suspensión del proceso a prueba es plenamente coherente con dicho organigrama constitucional."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta voto en disidencia en el acuerdo; la decisión corresponde al voto de mayoría que integra la parte resolutiva transcripta.
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