Coquet, Mercedes Lidia y otros, causa con imputados, incidente, etc
La Cámara de Acusación de Río Cuarto confirmó el auto que rechazó la nulidad de la declaración indagatoria de Diego Martín Dellacasa en la causa por extorsión. El tribunal concluyó que la intimación del hecho fue clara, precisa y circunstanciada, y que el anuncio de cesantía de una empleada, aunque sea una facultad legal, puede configurar una exigencia extorsiva.
Actor/Querellante: Ministerio Público Fiscal (imputación por extorsión, art. 168 CP).
Demandado/Imputado: Diego Martín Dellacasa, junto a los coimputados Nicolás Andrés Rodríguez y Mercedes Lidia Coquet.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
la defensa solicitó la nulidad de la declaración indagatoria del imputado (art. 185 inc. 3 CPP), alegando falta de claridad y precisión del hecho intimado y que el anuncio de una facultad legal (cesantear a la secretaria de bloque Mirna Noelia Antón Salvador) no podía ser intimidatorio, y que el ánimo de lucro resultaba incompatible con que el dinero se destinara al sueldo de un tercero (Joaquín Rodrigo Azcona).
¿Qué se resolvió?
la Cámara admitió formalmente el recurso y, en cuanto al fondo, no hizo lugar a la apelación y confirmó el auto de primera instancia. Costas al apelante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se comparten en su integridad los fundamentos del juez de control, por remisión a ellos (CSJN "Macasa", fallos 319:308; TSJ "Rivero", "González", "Whitehead").
Sobre la intimación, se sostuvo que la plataforma fáctica satisface las exigencias de concreción, expresión, claridad, precisión, circunstanciación y oportunidad, con detalle de fechas, montos, lugar, personas y modo de comisión. En palabras del voto: "la plataforma fáctica intimada por la representante del Ministerio Público Fiscal satisface íntegramente dichas demandas legales a raíz de que es asequible para el imputado Diego Martín Dellacasa, no contiene vaguedades, posee el expreso y completo detalle de las notas jurídicamente relevantes de tiempo".
Sobre la atipicidad alegada, se citó a Soler: "Lo que torna ilícito y extorsivo el hecho es que, con la amenaza de realizar ese acto, que puede ser una facultad jurídica, se persigue un beneficio al cual no se tiene ningún derecho". Por ello, la facultad de remover a la secretaria no excluye la ilicitud si se ejerce como vía de una exigencia patrimonial indebida.
Sobre el ánimo de lucro, se sostuvo que el tipo penal del art. 168 CP no lo exige como elemento subjetivo distinto del dolo, y que el provecho económico existe en la evitación de un menoscabo patrimonial propio al tener que afrontar el sueldo del tercero.
Se aclaró que no se adelanta opinión sobre la suficiencia probatoria ni sobre la calificación definitiva, que podrá mutar con el avance del proceso.
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