ROJAS Juan Jose y Otros c/ Prov. de Tierra del Fuego y Otro s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La actora promovió acción contencioso administrativa contra la Provincia reclamando continuidad del trámite; se impugnó la declaración de caducidad (perención) de la instancia. La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de grado que declaró la perención de la instancia, fundando su decisión en la aplicabilidad del régimen propio del contencioso administrativo y en la ausencia de actividad impulsora idónea.
¿Quién es el actor?
Rojas Juan José y otros (actores).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tierra del Fuego y otro (demandada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Continuación del trámite contencioso administrativo; se litiga sobre la procedencia de la perención (caducidad) de la instancia y cuestiones vinculadas a derechos emergentes del empleo público.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la perención de la instancia; se impusieron las costas a los recurrentes y se regularon honorarios del 30% para el representante de los actores y 35% para el de la demandada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En esa oportunidad se tuvo en cuenta la jurisprudencia del Superior Tribunal Provincial, también citada por el a quo en su pronunciamiento, en cuanto dijo: 'Vislumbro la existencia de notorias y palmarias diferencias entre ambas órbitas, lo cual obedece a la existencia de regulaciones normativas diferentes configurantes de identidades jurídicas claramente diferenciables, ya que en la órbita de la Administración Pública Provincial rige un régimen jurídico básico específico con principios y elementos que en nada se condicen con los inherentes al proceso derivado de la relación de empleo privado. Es así que, con meridiana claridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que : “La relación de función o empleo público es de naturaleza contractual, pero no configura un contrato de derecho privado”.' ... 'La doctrina expuesta que resulta vinculante (art. 37 Ley (p) 110), lleva a desestimar la protesta de los recurrentes relacionada con la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador que invoca y la extensión que pretende de la excepción prevista en el art. 329.5 del CPCCLRyM al ámbito de los procesos contencioso administrativos, pues, como se vio, son reglas propias del trabajo privado.'"
"En ese sentido, adquiere relevancia el estado germinal en el que se encontraban los presentes, puesto que únicamente se resolvió la excepción articulada por la accionada al contestar demanda (fs. 47/49 vta.) y el período de inactividad juzgado comprendió, desde la notificación de esa resolución -02/02/23- hasta el acuse de caducidad formulado el 08/02/24, es decir, aún no se había alcanzado, al menos, la instancia probatoria. De ahí que no se podría afirmar que medió una interpretación ritualista por parte del a quo."
"Por lo expuesto, procede rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso hacer lugar la caducidad de instancia; imponer las costas a los recurrentes (art. 66 y 68 CCA); y regular los honorarios de los letrados intervinientes en el treinta por ciento (30 %) para el representante de los actores y en el treinta y cinco por ciento (35%) para el de la demandada, porcentajes que deberán calcularse sobre los montos que se regulen en la instancia de grado (art. 39 Ley (p) 1384)."
¿Cómo votaron los jueces?
El bloque dispositivo final, suscripto por los Jueces de Cámara Alejandro S. M. Fernández; Daniel A. Sacks y Aníbal G. Acosta, resolvió en acuerdo; no consta disidencia en la sentencia.
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