JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Balbuena, Sergio Ramón c/ Armas, Ramón Alberto Antonio y otros s/ Acción Declarativa de Certeza

La actora promovió acción declarativa de certeza sobre la existencia y extensión de derechos respecto de un inmueble. El Superior Tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación por falta de fundamentación concreta y razonada del agravios, confirmando tácitamente la decisión de la Cámara que rechazó la vía elegida.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE RECURSOS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE RECURSOS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
2904/2021
Accion declarativa de certeza Inadmisibilidad Recurso extraordinario de casacion Fundamentacion Agravios genericos Posesion Titulo Costas Honorarios Civil y comercial

¿Quién es el actor?

Balbuena, Sergio Ramón (la actora).

¿A quién se demanda?

Armas, Ramón Alberto Antonio y otros (co-demandados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción declarativa de certeza respecto de la existencia y extensión de derechos sobre un inmueble; la actora sostiene incertidumbre sobre sus derechos y alega no estar en ejercicio de la posesión ni contar con título para acciones posesorias o reales.

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la actora y se consideró mal concedido; se impusieron costas a la recurrente y se regularon honorarios a los letrados conforme lo dispuesto.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El fallo recurrido sustentó el rechazo del recurso de apelación en la ausencia de los requisitos para la viabilidad de la acción intentada, al interpretar que, a la luz de la narración de los hechos efectuada por el actor, éste último tenía claro cuáles eran sus derechos. A partir de entonces, calificó improcedente la vía seleccionada al contar con otras para la consecución de sus fines. Sobre este punto nada dijo el recurrente, pues solo se limitó a decir que la acción es idónea por cuanto se encuentra impedido de ejercer las acciones petitorias o posesorias por no contar con la posesión y el título respectivo. Sus esfuerzos recursivos debieron estar orientados a justificar acabadamente la procedencia de este tipo de acción ante supuestos como el que aquí acontece. Nada de ello ocurrió."

"En efecto, los agravios esgrimidos presentan apreciaciones genéricas que no demuestran la ausencia de razón del análisis efectuado por la Cámara de Apelaciones para rechazar la vía escogida con el propósito de que se le reconozcan sus derechos."

"Sobre la correcta fundamentación tiene dicho el Tribunal que el recurso debe contener, esencialmente, una crítica o censura de las motivaciones de la sentencia apelada. De donde se sigue que no cumple la misión para la cual está destinado, el escrito que ni siquiera intenta rebatir la argumentación del juez a quo. La crítica debe ser concreta; esto es, precisa, dirigida a las argumentaciones desarrolladas en el fallo impugnado. En este orden de ideas, la expresión de agravios debe indicar, punto por punto, los errores, omisiones y deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento jurisdiccional. No bastan apreciaciones genéricas o desvinculadas de las consideraciones esenciales de la sentencia, ni las citas doctrinarias y jurisprudenciales sin indicación de su atingencia al caso. Asimismo, la expresión de agravios debe ser razonada. No alcanza a superar el vallado del juicio de admisibilidad enunciar los errores que exhibe la sentencia impugnada; es necesario demostrarlos..."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto preopinante del juez Javier Darío Muchnik propuso declarar inadmisible el recurso por insuficiente fundamentación; las juezas Edith Miriam Cristiano y María del Carmen Battaini y el juez Carlos Gonzalo Sagastume adhirieron, conformando la mayoría que resolvió la inadmisibilidad. Se impusieron costas y se regularon honorarios: 36% para el apoderado de la co-demandada victoriosa (Dr. F. M. Ibarra Rodríguez) y 70% para el letrado de la actora (Dr. H. G. Allen) sobre lo que corresponda en primera instancia.

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