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Tribunal Superior

BROND, Viviana Carolina c/ I.P.V y H. s/ Contencioso Administrativo

La actora solicitó medida cautelar para suspender la resolución I.P.V. y H. 1563/23 que adjudicó en venta un lote destinado a sede vecinal. El Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar a la cautelar por falta de verosimilitud de ilegitimidad manifiesta y de demostración de daño grave o irreparable, y difirió la imposición de costas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
4664/24
Contencioso administrativo Medida cautelar Adjudicacion en venta Reserva de lote Ilegitimidad manifiesta Dano irreparable Presuncion de legitimidad administrativa Notificacion Costas diferidas Expediente administrativo no aportado

¿Quién es el actor?

Viviana Carolina Brond, por derecho propio y en representación de la comisión vecinal del barrio Acawaia.

¿A quién se demanda?

Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (I.P.V. y H.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la resolución I.P.V. y H. 1563 del 28/7/2023 que adjudica en venta el inmueble (parcela 12, macizo 82, sección D, calle Hol Hol 1480, Ushuaia) a Daniela Carina Salinas Andrade; se solicita la nulidad del acto y la suspensión de sus efectos (medida cautelar).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a la medida cautelar solicitada y diferir la imposición de costas hasta la sentencia definitiva; ordenar su registro, notificación y cumplimiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Este Tribunal sostiene en forma constante que la procedencia de medidas precautorias que involucran la actuación de órganos y entes estatales tiene carácter restrictivo y excepcional, en razón: a) del principio republicano de división de poderes; b) la presunción de legitimidad de los actos dé los poderes públicos en tanto no haya sido declarada su invalidez o inconstitucionalidad; y c) las particulares exigencias y exclusiones de los artículos 20 y 21 del CCA.

Eh ese orden, la suspensión de los efectos de la resolución I.P.V. y H. 1563/23 —que no ha sido incorporada en autos— requiere que la ejecución o cumplimiento de dicho acto cause o pueda causar grave daño a la actora o de difícil o imposible reparación posterior y que no resulte de ello un grave perjuicio para el interés público (artículo 20 inciso "b" del CCA), o que la actuación aparezca como manifiestamente ilegítima (artículo 20 inciso "e" del código citado)."

"En la ceñida labor de conocimiento propia de esta etapa del proceso, limitada por la indisponibilidad del expediente administrativo que no obra recibido al presente y, en particular, del decreto territorial 1731/89 y de la resolución I.P.V. y H. 1563/23 —actos administrativos de reserva y adjudicación en venta del predio, respectivamente— que no han sido acompañados por las partes, advertimos que la accionante no cumplimenta los presupuestos enunciados.

En efecto, los argumentos brindados no abonan a la ilegitimidad manifiesta del acto cuestionado ni a la irreparabilidad del daño por sus efectos durante la tramitación del proceso."

Además el Tribunal señaló la afectación de una tercera persona no citada: "los efectos de la suspensión del acto requerida recaen directamente sobre una tercera persona que no ha sido citada aún en el proceso y por lo tanto no ha podido ejercer su defensa."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución se expresa en el dispositivo final del Tribunal; no se consignan disidencias en el bloque resolutorio.

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