JIMÉNEZ ANA MARÍA C/ DÍAZ ROBERTO ALFREDO S/ ATRIBUCIÓN USO DE VIVIENDA FAMILIAR S/ INCIDENTE DE QUEJA
La parte demandada interpuso recurso de queja contra la decisión de primera instancia que declaró inapelable una providencia dictada en audiencia en el incidente de atribución de uso de vivienda familiar. La Cámara admitió la queja por entender que se reputa afectado el derecho de defensa con un gravamen de imposible reparación ulterior y ordenó sustanciar el recurso de apelación, corriéndose traslado a la actora por seis días.
¿Quién es el actor?
Actora (nombre en la carátula: JIMÉNEZ ANA MARÍA).
¿A quién se demanda?
Demandado (DÍAZ ROBERTO ALFREDO).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incidente de atribución de uso de vivienda familiar; se impugna la inapelabilidad de una providencia dictada en audiencia.
¿Qué se resolvió?
Se admitió el recurso de queja, se ordenó la sustanciación del recurso de apelación por ante esta Alzada y se corrió traslado de los agravios a la actora por seis (6) días; costas por el orden causado; se difiere regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"I.- Llegan los presentes actuados a conocimiento y estudio de esta vocalía con motivo de resolver el recurso de queja impetrado al ID E-1114097, mediante el cual la parte demandada se alza contra la resolución dictada en primera instancia -ID K-096219- que rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en el marco de la audiencia de ID K091896. Para decidir de ese modo, el juez de grado estimó que la resolución dictada en audiencia resulta inapelable por aplicación del principio contenido en el art. 383 CPCC.
II.- Respecto del remedio impetrado nuestro máximo tribunal provincial ha sostenido que '...El recurso de queja tiene por objeto permitir que el tribunal del recurso revise el juicio de admisibilidad efectuado por el tribunal recurrido, y consecuentemente la argumentación a desarrollar por el quejoso tiene que atacar los fundamentos del decisorio que veda el acceso al tribunal ad quem (in re "SANTILLAN, Juan Gabriel c/ Municipalidad Ciudad de Ushuaia s/Acción de Amparo s/ Recurso de Queja por casación denegada", sentencia de fecha 31.07.95; "BELEN, Claudio Marcelo s/Recurso de Queja por Casación denegada", sentencia del 18.08.95; "DÍAZ Hector Hugo c/ PAREDES RAVENA Juan F. s/ Querella - s/ Recurso de Queja por Casación denegada", sentencia del 25.03.97, entre otros)' (STJ-SDO 'RIOS María Fabiana s/ Recurso de queja en autos Ríos, M.F.s/querella', expte. Nº 483/97 sent. 24/10/97).
De la compulsa de autos, se verifica que la inapelabilidad decretada por la sentenciante de grado se basa en que la providencia que se pone en crisis no es de aquellas suceptibles de apelación a mérito de lo dispuesto en el artículo 383 del CPCC. Ahora bien, según observo la impugnación no se limita solo a una cuestión de prueba sino que, el quejoso invoca la afectación al derecho de defensa, mediante argumentos que resultan suficientemente demostrativos de la presencia de un gravamen de imposible reparación ulterior y -por lo tanto- hábiles para admitir la vía recursiva.
En este sentido, Palacio sostiene: '...Una providencia causa gravamen irreparable cuando, una vez consentida, sus efectos no pueden subsanarse o enmendarse en el curso ulterior del procedimiento...' (PALACIO, Lino Enrique 'Manual de Derecho Procesal Civil' 21 ed. Abeledo Perrot (2021) p. 427).
De tal suerte, y no obstante haber sido dicha providencia dictada en el marco de una audiencia a la que el impugnante no asistió, cabe en esta oportunidad excepcionar la regla prevista en el art. 369.4 del CPCC al efecto de viabilizar la intervención de esta Alzada -desde un punto de vista meramente formal- para el tratamiento del recurso de apelación, sin que ello importe la admisión del remedio articulado. Ello así, corresponde admitir la queja articulada, debiendo sustanciarse el recurso de apelación en esta instancia, de conformidad a lo previsto en el art. 300.2 del CPCC.
Por tal motivo córrase traslado a la actora de los agravios vertidos por la parte recurrente -ID E-1099128- por el término de seis (6) días (art. 276 CPCC). Las costas se imponen por el orden causado al no haber mediado sustanciación (art. 78.2 del CPCC). Diferir la regulación de los honorarios profesionales del letrado interviniente para el momento procesal oportuno."
¿Cómo votaron los jueces?
Todos los magistrados (Luciana M. Gutiérrez, Daniel O. Satini y Francisco Cappellotti) coincidieron en admitir la queja; no hubo disidencia.
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