INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA C/ REINOSO FRANDO MARTIN S/ DESALOJO POR INTRUSIÓN (ART. 628 CPCC)
El Instituto Provincial de la Vivienda promovió acción de desalojo por intrusión sobre el inmueble sito en De la Estancia 3270. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia que hizo lugar al desalojo, pero condicionó la ejecución del lanzamiento a la intervención previa de organismos provinciales para garantizar acompañamiento a un menor y una persona con discapacidad y a que el IPV informe alternativas habitacionales.
¿Quién es el actor?
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
¿A quién se demanda?
Franco Martín Reinoso y María Elizabeth Tiguayo (representante de sus hijos).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Desalojo por intrusión del inmueble sito en calle De la Estancia Nº 3270, Ushuaia.
¿Qué se resolvió?
Se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al desalojo y ordenó la entrega del inmueble libre de ocupantes; se condicionó la ejecución del lanzamiento a (i) la convocatoria previa de la Dirección de Intervenciones Territoriales (Ushuaia) para arbitrar mecanismos de acompañamiento y contención del menor Benjamín Mario Reinoso y la persona con discapacidad Gemina Martina Reinoso, y (ii) que el IPV informe en 10 días las alternativas habitacionales que puede ofrecer al grupo familiar. Se confirmó la imposición de costas en primera instancia a la parte demandada y se dispuso sin costas en la alzada. Se regularon honorarios al 30% en la alzada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Párrafos transcritos (selección de los más relevantes, lenguaje original del tribunal):
"La evaluación socioeconómica previa del art. 10 de la ley 19 es un recaudo de carácter administrativo que el IPV debía satisfacer antes de accionar. Su incumplimiento podría haberse planteado como defensa en la contestación de demanda —eventualmente como falta de cumplimiento de un requisito previo a la acción— o incluso como excepción de inadmisibilidad (art. 360 C.P.C.C.L.R. y M.). No habiéndose articulado esa defensa en el estadio procesal oportuno, y habiendo avanzado la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva sin que el punto fuera controvertido, no corresponde que la alzada lo trate como una cuestión de orden público que habilite la revisión de oficio."
"La ley 1.536... no hace, sin embargo, es prohibir los desalojos. Lo que fija es una orientación de política habitacional para el período de emergencia: que el Estado provincial privilegie soluciones consensuadas, eficaces y progresivas. Esa directriz tiene eficacia normativa y es exigible al IPV como organismo de aplicación de la política habitacional provincial; pero su inobservancia no obsta sin más la procedencia de una acción de desalojo que tiene fundamento en normas de derecho civil y en la reglamentación específica que rige la actuación del propio instituto. Lo que la ley sí impone es que el desalojo no se ejecute de espaldas a la emergencia declarada, sin que el Estado haya intentado explorar alternativas."
"La recurrente invoca la ley 27.654... De ahí se sigue que el tribunal deba aplicarla de oficio, lo que no ocurrió en autos. La Sra. Tiguayo y su grupo familiar encuadran en la definición del art. 4° inc. 2 b): recibieron notificación de desalojo, carecen de recursos para procurarse una vivienda alternativa —conforme surge del informe del Lic. Flores y de la certificación negativa de ANSES obrante en el expediente— y cuentan entre sus integrantes con una persona con discapacidad y un menor de edad. La consecuencia jurídica de esta constatación no es, en este caso, el rechazo de la demanda... Lo que la ley impone es otra cosa: que el Estado, a través de sus organismos competentes, adopte acciones positivas antes de que el lanzamiento se concrete, de modo de no arrojar al grupo familiar a una situación de calle sin ningún tipo de contención."
"Por las razones expuestas, si bien entiendo que debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto hace lugar al desalojo, previo a la concreción del lanzamiento el tribunal a quo deberá: (i) Convocar a la Dirección de Intervenciones Territoriales (Ushuaia), como organismo de aplicación de la ley provincial 521, a fin de que arbitre los mecanismos de acompañamiento y contención del menor Benjamín Mario Reinoso y de la persona con discapacidad Gemina Martina Reinoso; (ii) Requerir al IPV que informe, dentro del plazo de diez (10) días, qué alternativas habitacionales puede ofrecer al grupo familiar Tiguayo en el marco de sus propias funciones legales (art. 10 ley 19) y de las obligaciones emergentes de la ley nacional 27.654 y la ley provincial 1.536. Solo una vez cumplidos ambos recaudos podrá disponerse el lanzamiento."
¿Cómo votaron los jueces?
El juez que abrió la votación propuso rechazar el recurso por considerar que los agravios constituyen "una reflexión tardía vedada por el art. 279.2 del C.P.C.C.L.R. y M., toda vez que la demandada no contestó la demanda en término y las cuestiones que introduce en alzada no habrían sido planteadas en la instancia de origen." (propuesta de rechazo con costas a la vencida y regulación de honorarios al 35%/30% según representación). Esa posición quedó en minoría.
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
Leyes que cita
- Ley 27.654Situacion de calle y familias sin techo
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.