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Cámara de Apelaciones

TORRES JUAN JOSÉ MIGUEL C/ FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U S/ ACCIDENTES DE TRABAJO (LEY 24557)

El actor demandó por accidente de trabajo solicitando valoración de incapacidad. La Cámara rechazó la apelación de la aseguradora, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 549/2025 y confirmó la resolución de grado en lo demás, ordenando aplicar el Decreto 659/96 para la revisión jurisdiccional.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL NORTE (RIO GRANDE) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL NORTE (RIO GRANDE) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
12015/2026
Accidente de trabajo Incapacidad laboral Baremo Decreto 549/2025 Decreto 659/96 Revision jurisdiccional Inconstitucionalidad Comision medica jurisdiccional Recurso de apelacion Costas.

¿Quién es el actor?

TORRES JUAN JOSÉ MIGUEL (actor).

¿A quién se demanda?

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. (demandada/aseguradora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción por accidentes de trabajo (Ley 24.557); determinación/revisión de grado de incapacidad laboral y aplicación de la tabla de evaluación correspondiente.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada; se dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del Decreto 549/2025 y se confirmó la resolución de grado en lo demás que decide. Se impusieron las costas por su orden y se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“La ‘TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES’, sustituida por el artículo 1° del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, y a partir de esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre”. Es decir, el nuevo baremo será aplicable en la medida que no se haya dictado o valorado previamente una incapacidad laboral.

En el caso de autos, con independencia de la PMI, lo real y concreto es que la Comisión Médica Jurisdiccional ya determinó un grado de incapacidad respecto de la contingencia denunciada por el actor conforme los parámetros del Decreto 659/96 (ver. p.90/93 de ID E-1174606).

“La pericia ordenada en estas actuaciones no inaugura un procedimiento de determinación desvinculado del anterior, sino que constituye el medio probatorio destinado a revisar jurisdiccionalmente una valoración ya efectuada.

Si bien el Tribunal puede arribar a una conclusión distinta de la Comisión Médica, no modifica la naturaleza revisora del proceso ni permite considerar inexistente el dictamen que constituye precisamente, el acto impugnado.

La necesidad de uniformidad que invoca el recurrente conduce a la solución contraria a la que postula, en tanto la comparación de la decisión administrativa y su revisión judicial requiere conservar un parámetro homogéneo de valoración, pues sólo de ese modo se puede determinar si la conclusión del organismo médico administrativo respecto a la inexistencia de incapacidad fue correcta.

No se trata entonces de reconocer un derecho adquirido a la inmutabilidad de cierto baremo como lo expuso el recurrente, sino de preservar la coherencia entre el acto sometido a revisión y el parámetro utilizado para efectuarla.”

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad del Tribunal (Dras. Luciana M. Gutierrez, Daniel O. Satini y Francisco J. Cappellotti). El voto que abre la sentencia propone rechazar el recurso, dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad y confirmar lo demás; los otros votos adhieren “en igual sentido”.

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