ARS SRL c/ Gobernación de la Provincia de T.D.F.A.E.I.A.S. s/ AMPARO
La actora promovió acción de amparo contra la Gobernación por incumplimiento de la ley 749 respecto de la retribución docente en institutos de gestión privada. El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación, casó la sentencia de cámara y sustituyóla por otra que concede el amparo por incumplimiento normativo manifiesto del Estado provincial.
¿Quién es el actor?
ARS SRL (actora).
¿A quién se demanda?
Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se reclama por incumplimiento de las cargas y aportes estatales previstos en la ley 749 —en particular la equiparación de la retribución del personal docente de institutos incorporados a la de los institutos públicos de gestión estatal— y se pide tutela vía acción de amparo.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la actora, se casó la sentencia de la Cámara que había rechazado la procedencia del amparo y se sustituyó por otra en la que se hace lugar a la acción de amparo. Con costas en todas las instancias. Se regulan honorarios a favor del apoderado de la actora en 36% de lo que corresponda en primera instancia; a la letrada de la demandada no corresponde regulación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes (textos tomados directamente del fallo, lenguaje original):
1) “Recordé que esta acción persigue asegurar una tutela jurisdiccional rápida y efectiva frente a la vulneración de derechos fundamentales. Ya en los antecedentes ‘Siri’ y ‘Kot’ la Corte Suprema delineó un criterio consolidado según el cual corresponde a los jueces restablecer sin demora el derecho afectado cuando la ilegitimidad sea manifiesta y la derivación a los procesos ordinarios pueda ocasionar un perjuicio grave e irreparable”.
2) “El artículo 43 prevé que: ‘[L]a retribución mensual del personal de los institutos incorporados será idéntica a la que en igualdad o equivalencia de especialidad, “tarea y antigüedad”, perciba el personal de los institutos Públicos de Gestión Estatal’.”
3) “Y el artículo 50 sostiene que: ‘[E]l Estado Provincial garantiza a los institutos que a la sanción de la presente perciban aporte financiero del Estado ... el aporte financiero destinado al pago de los haberes, en todo concepto que lo integre, incluidas las bonificaciones de cualquier índole, asignaciones familiares, cargas previsionales y sociales del personal titular y suplente ... Asimismo el Estado Provincial se responsabiliza de que los aportes financieros referidos en el presente artículo sean remitidos en las mismas fechas en las que se hacen efectivos los haberes a los docentes de los institutos Públicos de Gestión Estatal’.”
4) “La claridad de los términos empleados por el legislador no deja margen para interpretaciones que alteren su alcance. Estos establecen, como regla, que el Estado debe garantizar que los docentes de los establecimientos públicos de gestión privada perciban una retribución ‘idéntica’ a la de aquellos que se desempeñan en el ámbito de la educación pública de gestión estatal.”
5) “La parte actora aduce un incumplimiento de las cargas estatales; la norma es clara respecto a lo que debe serle abonado; y lo que se requiere es que cumpla de manera íntegra, esto es, que abone la diferencia que hoy retiene sin sustento normativo.”
El Tribunal consideró que la cuestión no requiere mayor prueba ni proceso de grado, que la norma es clara y que la remisión a la vía ordinaria implicaría dilación injustificada, por lo que el amparo resulta idóneo para hacer cesar el comportamiento ilegal de la Administración.
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Löffler fue el ponente que fundamentó la procedencia del amparo y la solución; los Dres. Sagastume, Muchnik y las Dras. Cristiano y Battaini adhirieron, conformando la mayoría que resolvió conforme el bloque dispositivo final. No constan votos en disidencia.
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