CARDOSO MIGUEL MARCELO C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

CARDOSO MIGUEL MARCELO, empleado público.

¿A quién se demanda?

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL de la Provincia de Buenos Aires (con intervención de la Fiscalía de Estado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a que la bonificación por antigüedad se liquide aplicando un 3% por cada año de servicio para todos los años computados; declaración de inconstitucionalidad de leyes y decretos que fijaron porcentajes inferiores o suspendieron su cálculo; pago retroactivo de las sumas no prescriptas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda. Se declara la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905 y análogas y del decreto 240/96 en cuanto redujeron o suspendieron la bonificación por antigüedad; se reconoce el derecho del actor a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad al 3% para todos los años incluidos en su cómputo, con aplicación de plazos de prescripción parciales según lo establecido y cálculo a valores actuales; intereses al 6% anual desde el devengamiento y luego la tasa pasiva más alta vigente del Banco Provincia; costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, si los magistrados fueron dejados aparte de tales 'modificaciones' -tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba- en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial. Tan es esto así que el propio decreto 240/96 se dictó bajo la consideración de que '...a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial'."

"Por lo tanto, aun analizando la cuestión de estos requisitos con mucha laxitud, y entendiendo legítimas las disminuciones al inicio, ellas pierden esta calidad al verificarse su extensión hasta el día de hoy más allá de cualquier límite de tiempo que pueda resultar razonable en principio... A tales razones de carácter general se suma, muy especialmente en el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, una especial protección constitucional de relevancia en el supuesto de marras, debido a la consagración expresa del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 Const. Pcial.). Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'."

"En consecuencia, en tanto el hecho interruptivo de la prescripción aconteció con la interposición de la demanda o del reclamo administrativo, aun aplicando la norma del artículo 2.537 del CCyC, toda suma devengada con anterioridad a los 2 años de esta fecha se encuentran prescriptas... debiendo cada uno de los organismos demandados abonar el retroactivo de acuerdo a tales plazos, eventualmente computando el cambio de situación a pasividad si correspondiera."

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo contiene el dispositivo final que hace lugar a la demanda, aplica la declaración de inconstitucionalidad y dispone la liquidación y pago; no consta voto en disidencia que modifique la solución mayoritaria.