INTERPACK SA C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS

¿Quién es el actor?

INTERPACK S.A., representada por Giselle V. Balzano y patrocinio letrado del Dr. Gustavo Enrique Alonso.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de La Matanza, por el Decreto N° 2451/2023 y las resoluciones N°162/21 y N°538/21.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna el Decreto N°2451/2023 que confirmó determinación de oficio por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para los períodos 01/2015 a 12/2018 por un total histórico que la actora afirma fue cancelado por $24.958.584,23; se reclama la nulidad del acto administrativo, la devolución de lo pagado y la discusión sobre prescripción, configuración del hecho imponible, interpretación del artículo 35 del Convenio Multilateral y criterios de distribución de la base imponible.

¿Qué se resolvió?

Haciendo lugar parcialmente a la demanda, el Tribunal declaró la nulidad del Decreto N°2451/2023 por falta de configuración del hecho imponible respecto de los períodos 1/2015 a 12/2018; ordenó a la Municipalidad que en 60 días practique la correspondiente liquidación y, una vez firme, proceda a la devolución de las sumas abonadas por la actora ($24.958.584,23) con intereses según la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, e impuso las costas a la demandada. Difirió la regulación de honorarios para cuando la sentencia quede firme.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"VIII.- En ese contexto, del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas N°4074-3705-20 acompañadas en autos en fecha 11.04.2024 se puede advertir que no han sido acompañadas actas de inspección que acrediten la contraprestación efectiva y concreta del servicio, en el periodo reclamado en autos por parte de la demandada, de ningún modo acreditan que, durante los períodos 01/2015 al 12/2018, inspectores municipales se hayan apersonado en el establecimiento de la actora para verificar las condiciones de salubridad, el estado de los matafuegos, las vías de evacuación o cualquier otra circunstancia fáctica que haga a la seguridad e higiene del local, servicio que, por otra parte, requiere ineludiblemente la existencia de un local, establecimiento u oficina susceptible de ser habilitado.

Si bien este requisito fáctico -la existencia de un local habilitado, cfr. Expte. N°4074-3705-20 se encuentra acreditado en autos, ello solo configura el presupuesto para la prestación del servicio, pero no demuestra la prestación en sí misma, que es lo que aquí se encuentra totalmente ausente. Solo surgen actas de inspección del año 2008 y anteriores a fs. 13/14- paginas 34/40- sin acompañar actas de inspección que debían ser realizadas efectivamente en los periodos reclamados, tampoco obran agregados datos al respecto ni detalle que acredite la realización de inspecciones que debían contraprestarse por el servicio de Salubridad e Higiene que pretende.

La demandada, en su réplica, insiste en esta confusión al sostener que el hecho imponible se configura por servicios "efectivos o potenciales" (art. 178 O.F.). Sin embargo, la doctrina de la CSJN citada ut supra ("Laboratorios Raffo") ha descalificado la validez de las tasas fundadas en una prestación meramente "potencial" cuando esta potencialidad se traduce en una total ausencia de prestación efectiva.

Asimismo, los restantes elementos probatorios valorados resultan manifiestamente insuficientes para acreditar la causa de la obligación.

En este punto, cobra especial relevancia la doctrina sobre la carga probatoria (onus probandi). La Suprema Corte provincial, en la citada causa "Capaccioni", receptando el criterio de la CSJN en "Quilpe" (Fallos 335:1987), han señalado que ante la negativa del contribuyente sobre la prestación del servicio, es la Administración la que "se encontraba indudablemente en mejores condiciones de probar si así hubiera ocurrido la prestación del servicio" . En la especie, la Municipalidad de La Matanza no ha arrimado a la causa un solo parte de inspección, o acta de constatación por los períodos reclamados que demuestre una actividad de contralor en materia de seguridad e higiene.

Ante esta omisión, frente al reclamo expreso de la actora y no habiendo la Municipalidad de La Matanza acreditado de modo alguno la prestación concreta e individualizada del servicio de inspección de seguridad e higiene en cabeza de la actora -ni siquiera bajo los estándares de "periodicidad razonable" exigidos por la doctrina legal vigente-, el hecho imponible de la Tasa no se encuentra configurado.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad total del Decreto N° 2451 dictado el 24 de agosto de 2023 por el Señor Intendente Municipal en concepto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por los períodos mensuales 01/2015 al 12/2018."

"Asimismo respecto a los pagos del tributo realizados por la actora correspondientes a los períodos y establecimiento antes señalados en la suma de pesos veinticuatro millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 23/100 ($ 24.958.584,23.-) correspondiente a la cancelación de las obligaciones tributarias referidas a la T.I.S.H. en cuanto a los períodos 1/2015 a 12/2018 y en concepto de pago previo, requisito de admisibilidad de la demanda (pago previo o solve et repete) estipulado en el artículo 19 del C.P.C.A., los cuales devienen ilegítimos por ausencia del presupuesto legal previsto en la normativa, en la cual sería la efectiva prestación del servicio al contribuyente a cargo del Municipio. Tal situación convierte los pagos realizados en obligaciones sin causa con directa afectación a los derechos reconocidos en los arts. 17 de la CN y 31 CP ... los que deberán ser devueltos a la actora."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en la copia del fallo; el dispositivo final es el que manda.