CEJAS JUAN ANTONIO Y OTRO c/ MINISTERIO DE DEFENSA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Juan Antonio Cejas y Domingo Javier Gustavo Siergalea (ex soldados conscriptos).

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Estado Mayor General del Ejército Argentino.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de la condición de “veterano de guerra” y expedición del certificado correspondiente para tramitar la Pensión Honorífica de Veterano de la Guerra del Atlántico Sur, con fundamento en Leyes 23.109, 23.848, 24.343, 24.652, 24.892 y Decreto 2634/90 (y demás normativa reglamentaria).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda en todos sus términos; se impusieron las costas en el orden causado y se regularon honorarios por 4 UMA ($432.020) para la actuación letrada de la parte actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En tal sentido, se impone el análisis pormenorizado de las normas que regulan la materia y de la prueba producida en autos, como así también, de los distintos pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación."

"Como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe tenerse en cuenta que, al conceder las normas en cuestión 'una pensión retributiva de los actos de servicio específicamente cumplidos por sus beneficiarios en la Guerra del Atlántico Sur' (Fallos 329:5534), los legisladores pretendieron implementar un beneficio determinado que tuvo por finalidad específica reivindicar y otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera activa en el citado conflicto bélico."

"En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema ... dispuso que 'a fin de ser considerado veterano de guerra, la norma específica ... requiere haber cumplido funciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones de Malvinas (TOM) o bien en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), aunque en este último caso se exige, además, haber entrado efectivamente en combate. De tal modo, puede afirmarse que la ley establece la concurrencia de un triple orden de requisitos: el temporal ..., el geográfico ... y el de acción, que reclama haber "entrado efectivamente en combate" (art. 1º de la ley 24.892)'" (citando Gerez).

"Las tareas de patrullaje, vigilancia, alistamiento, mantenimiento técnico y apoyo logístico, no pueden ser equiparadas, sin más, a la intervención directa en acciones bélicas, ni al ingreso efectivo en combate que exige la ley para el reconocimiento del beneficio previsional pretendido."

"Por lo tanto, toda vez que la parte actora no logró acreditar los extremos exigidos para el otorgamiento la certificación prevista por las Leyes 23.848, 24.652, 24.892 y Decreto 886/05 para acceder al beneficio, no corresponde hacer lugar a la pretensión."

Además, el tribunal incorporó como elemento probatorio los informes del Ejército (vida DEO de 12-4-2023 y 17-4-2023) que señalaron que "no se registran antecedentes del presunto traslado del causante con su Unidad durante el conflicto con el RUGB por las Islas Malvinas", y destacó que "en ausencia de prueba, no hay confirmación del hecho y, por tanto, insuficiencia de argumentos para acoger la pretensión."

No se consignan votos en disidencia en el pronunciamiento; la decisión expuesta es la que resolvió el Juzgado por mayoría.