IRIARTE ANA MAGDALENA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA
La actora promovió amparo por mora para obtener el pronto despacho de un sumario originado en un accidente policial y la calificación legal de las lesiones. La Cámara confirmó la sentencia de grado que hizo lugar al amparo, ordenó a la Provincia expedirse sobre la calificación de las lesiones en 30 días y rechazó el recurso de la Fiscalía por inexistencia de mora.
¿Quién es el actor?
Iriarte Ana Magdalena promovió acción de amparo por mora el 1/06/2026 en relación con el expediente EX-2023-45730112-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, iniciado por un accidente ocurrido el 03/11/2023 en el que sufrió fractura en el brazo izquierdo mientras viajaba en un móvil policial.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Orden de pronto despacho para que la Administración se expida sobre el expediente relativo al accidente, en particular sobre la calificación legal de las lesiones y la eventual responsabilidad disciplinaria.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo por mora, imponiendo a la Administración un plazo perentorio de treinta (30) días para despachar las actuaciones. Se mantuvieron las costas de primera instancia y se impusieron las de Alzada a la recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Disposición nº 00214395, examina el comportamiento funcional de los agentes involucrados en el accidente. Reseña la colisión, las lesiones, las declaraciones testimoniales y las denuncias ante la aseguradora de riesgos del trabajo. Respecto de la actora, considera insuficientes los elementos para atribuirle una transgresión disciplinaria y, mediante su artículo 6, dispone el archivo hasta la incorporación de nuevos elementos de juicio que permitan endilgarle esa responsabilidad.
Existe, entonces, un pronunciamiento disciplinario anterior a la promoción de la demanda, lo que obliga a precisar la afirmación de la sentencia sobre la ausencia de toda decisión administrativa. Su contenido, sin embargo, se circunscribe al aspecto disciplinario: la disposición carece de una determinación sobre el encuadramiento de las lesiones en los artículos 338 o 339 del Anexo del Decreto 1050/09."
"Frente al conocimiento del accidente y de las lesiones, acreditado por la propia disposición, incumbía a la Administración impulsar la actividad necesaria para efectuar la calificación. La eventual necesidad de actuaciones diferenciadas debía ser atendida mediante su apertura y prosecución, con independencia del número de expediente bajo el cual tramitaran.
La representación fiscal deja sin explicación la actividad desplegada para cumplir el deber y tampoco individualiza otras actuaciones en las que se hubiera emitido la calificación o se encontrara en curso su tratamiento.
En esas condiciones, exigir a la actora una nueva petición a la agente importa trasladarle una carga que la normativa también coloca en cabeza de la autoridad."
"La falta de individualización de actuaciones específicas destinadas a calificar las lesiones impide establecer su fecha de iniciación a esos fines. Sin embargo, la propia disposición del 7/11/2025 acredita que la autoridad conocía el accidente y las lesiones y contaba con antecedentes sobre ambos extremos. Desde entonces y hasta la sentencia transcurrieron más de nueve meses, sin que la demandada acreditara actividad dirigida a efectuar la calificación ni explicara una causa que justificase esa demora.
Ese lapso permite tener por configurado el presupuesto del artículo 76 del CCA, atendiendo al deber de actuación de oficio previsto en el artículo 331."
Y del dispositivo final: "Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirma la sentencia de primera instancia, con costas de la Alzada a la recurrente vencida (art. 51 inc. 1 CCA)."
¿Cómo votaron los jueces?
Mayoría unánime. La Dra. María Ventura Martínez dictó el voto principal; los Dres. Muñoz y Arias adhirieron.
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