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Tribunal Superior

Martinelli, Carlos Alberto contra Rotondo, Marcos Hernán y otros. Daños y perjuicios

Acción de daños y perjuicios por accidente de tránsito iniciada por Carlos Alberto Martinelli contra Marcos Hernán Rotondo y otros. La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocó la decisión que había dispuesto la intervención del defensor oficial en representación de los herederos ausentes, por entender que esa designación desnaturaliza la función del defensor y vulnera garantías procesales.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-120248
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Accidente de transito Danos y perjuicios Defensor oficial Herederos ausentes Principio dispositivo Derecho de defensa (arts. 14 18 19 cn) Revocatoria Fiscalia de estado / notificacion al fisco provincial

¿Quién es el actor?

Carlos Alberto Martinelli promovió la acción de daños y perjuicios por accidente de tránsito (iniciada el 8/8/2003).

¿A quién se demanda?

Marcos Hernán Rotondo y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la titular de la Unidad Funcional de Defensa n° 9, revocó la decisión de las instancias anteriores que había dispuesto la intervención del defensor oficial para representar a los presuntos herederos ausentes del actor fallecido y ordenó remitir los autos a la instancia de origen para su prosecución según el estado del expediente. Las costas de la incidencia se imputaron en el orden causado. Se ofició al fisco provincial para intervención de la Fiscalía de Estado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En orden a ello, y siguiendo una primera línea de análisis puesta de relieve en el respectivo dictamen (v. fs. 70), no hay dudas de que nos encontramos ante un proceso incoado mediante una acción civil de derecho privado con contenido netamente patrimonial.

La designación de defensor oficial para la representación o patrocinio de los eventuales herederos 'ausentes' del actor implica, en el caso, transferir al funcionario un impropio ejercicio directo de la acción entablada en el marco de un proceso gobernado -en forma preeminente- por el principio 'dispositivo' (conf. doctr. arts. 14, 17, 18, 19 y concs., Const. nac.)."

"De otro lado, comparto también lo puntualizado en cuanto a que el art. 43 -y su remisión a los modos de citación y apercibimientos contenidos en el arts. 53 inc. 5- deben ser interpretados de consuno con lo preceptuado por el inc. 2 del art. 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 14.442 que circunscribe dicha particular intervención de los defensores oficiales a la representación de las personas ausentes citadas a juicio (en el sentido de demandadas), en observancia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18, Const. nac.), sin que le quepa suplir el interés del promotor de la acción o, como en el caso, de sus herederos (v. fs. 71 vta./72)."

"Siendo -a mi criterio- suficientes los motivos apuntados para sellar el progreso del remedio extraordinario interpuesto, entiendo que corresponderá hacer lugar al mismo y revocar la decisión impugnada, debiendo los autos remitirse a la instancia de origen y proseguir según su estado. En atención al modo en que se resuelve y a las particularidades del caso, propongo distribuir las costas de la presente incidencia -en todas las instancias- en el orden causado (arts. 68, segundo párrafo, 69, 274, 279 y 289, CPCC)."

Voto por la afirmativa. Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.

Sentencia dispositiva:

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General (v. fs. 67/72 vta.), se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la decisión impugnada.

Remítanse los autos a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado.

Las costas correspondientes a la presente incidencia -en todas las instancias- se imponen en el orden causado (arts. 68, segundo párrafo, 69, 274, 279 y 289, CPCC).

Notifíquese, ofíciese con copia de la presente al fisco provincial (arts. 3.588, Cód. Civ. y 768, CPCC) y devuélvase."

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