Bilotte, Alberto Jorge y otro c/Lynn, Osvaldo Juan s/Incidente de revisión
Incidente de revisión en concurso sobre verificación de crédito por ejecución hipotecaria y aplicación de normas de emergencia. La Corte, por mayoría, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley al considerar que la cosa juzgada formal de la ejecución no impide la verificación plena del crédito en el concurso y que no se acreditó la firmeza de las sentencias invocadas.
¿Quién es el actor?
Alberto Jorge Bilotte y Alberto Bilotte (h).
¿A quién se demanda?
Osvaldo Juan Lynn.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la aplicación de las normas de emergencia (ley 25.561 y decreto 214/2002 y modificatorios) en el proceso de verificación de créditos del concurso y se reclama el respeto de la condena en dólares dictada en una ejecución hipotecaria previa; se cuestiona violación del principio de cosa juzgada, normas de la Ley de Concursos y garantías constitucionales.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, la Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el incidentista; rechazó que exista vulneración del principio de cosa juzgada sustancial y estimó legítima la verificación íntegra del crédito en el concurso. Se impusieron costas al recurrente y se declaró perdido el depósito previo de $3.780.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el caso traído, el planteo central radica en determinar los efectos que emanan de la firmeza de la sentencia recaída en los autos 'Bilotte, Alberto c/ Lynn Osvaldo Juan s/ Ejecución hipotecaria', tramitada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 37, que el 8 de noviembre de 2002 rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por el aquí concursado (Osvaldo Juan Lynn) quien sostuvo que mantener la condena en dólares implicaría apartarse de las normas dictadas durante la emergencia. Dicho pronunciamiento resultó -eventualmente- confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con fecha cinco de junio de 2003 (v. fs. 12/14; 76/77).
Ahora bien, en el sub lite, la Cámara rechazó los agravios planteados por el acreedor hipotecario, por considerar que no logró acreditar que los decisorios recaídos en la ejecución hipotecaria habían pasado en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 12/vta., 76/77; 125 vta.).
Al respecto ha dicho esta Corte que por regla, la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. Se trata de una solución definitiva, concluyente, determinada: es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar (conf. Ac. 75.569, sent. del 12-VII-2000).
Cabe señalar no obstante, que la sentencia dictada en juicios ejecutivos sólo alcanza eficacia formal, ello atento su estrecho marco cognoscitivo que simplemente determina la habilidad ejecutiva del título que se presenta ante el juzgador, pero no conoce sobre la existencia sustancial del crédito. A su vez, tal decisión puede ser modificada mediante juicio ordinario posterior que promueva el afectado.
En cambio, el procedimiento establecido en la ley 24.522 a los fines de la verificación de los créditos, es una acción causal y de conocimiento pleno que tiene por objeto demostrar la legitimidad de la acreencia pretendida, circunstancia que desborda la estructura formal del proceso ejecutivo, en el que no se abre juicio sobre cuestiones causales.
Advierto en consecuencia, que si bien en la ejecución hipotecaria tramitada ante la justicia nacional se estableció la inaplicabilidad de las normas de emergencia en virtud de la mora en que había incurrido el deudor; la naturaleza de las resoluciones recaídas en dicha sede no impedía reeditar la discusión en el proceso verificatorio, pues en este contexto se requiere al acreedor la justificación del contenido de su pretensión, no ya a través de un título hábil que reúna los requisitos formales sino de la acreditación de la real existencia del crédito.
Así pues, en el proceso verificatorio no basta con acompañar las sentencias firmes dictadas contra el deudor, pues la eficacia de la cosa juzgada opera directamente entre las partes del litigio, pero no se extiende al concurso donde los demás acreedores del deudor resultan terceros ajenos a dichos pleitos (conf. Heredia, Pablo D., 'Tratado Exegético de Derecho Concursal', pág. 659, Ed. Abaco, Buenos Aires, 2000)."
(Del voto del señor Juez doctor Negri, adoptado por mayoría; el Dr. Soria adhirió salvo en parte referida a párrafos indicados).
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Leyes que cita
- Ley 24.522Concursos y quiebras
- Ley 25.561Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
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